Eduardo Fungairiño, el que fuera fiscal en jefe de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, ha muerto hoy a los 73 años, según ha comunicado la Fiscalía General del Estado. Se había destacado por sus posiciones extremadamente conservadoras y unionistas: se había mostrado partidario de prohibir los partidos independentistas, había dado apoyo a la cadena perpetua y había justificado las dictaduras militares latinoamericanas. Era uno de los llamados "fiscales indomables" y fue muy criticado por las asociaciones en defensa de los derechos humanos, por las organizaciones judiciales progresistas, por los partidos de izquierda y por los nacionalistas vascos.

Fungairiño, nacido en 1946, quedó inválido en 1965 como consecuencia de un accidente. A pesar de todo, empezó a trabajar como fiscal de Barcelona del 1973 a 1980. Pero fue posteriormente, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, donde se hizo muy popular por su participación en el tribunal del caso del aceite de colza y en muchos juicios por terrorismo. Incluso le fue enviada una carta bomba de ETA, que fue detectada antes de que le fuera entregada.

Fue muy polémica su designación como jefe de la fiscalía de la Audiencia, apadrinada por el fiscal general Jesús Cardenal. Más tarde, fue expedientado porque había ocultado un informe que beneficiaba a uno de los acusados del atentado contra Aznar. A pesar de que se consideró probada esta irregularidad, fue sancionado sólo con una pequeña multa.

Como fiscal, Fungairiño pidió la libertad para el dictador chileno Augusto Pinochet cuando el juez Garzón trataba de aplicar la justicia universal a los responsables de las dictaduras militares argentina y chilena. Más tarde, en una entrevista en un diario pinochetista, el fiscal aseguró que los militares golpistas chilenos y argentinos no podían ser juzgados por las autoridades españolas porque no trataban "de subvertir el orden constitucional o institucional implicado en aquellos países".

En el 2004, en una comisión parlamentaria por los atentados de lo 11-M, siendo fiscal en jefe de la Audiencia Nacional, causó incredulidad al asegurar que no se había enterado de la localización de la furgoneta donde viajaban los terroristas en Alcalá de Henares (en la que se encontraron cintas del Corán, que supusieron para la policía pistas decisivas sobre la autoría islamista). Fungairiño se alineó durante mucho tiempo con las tesis del PP, que argumentaban que el atentado había sido realizado por ETA y fue acusado de esconder las pruebas que lo desmentían.

Tras muchas tensiones con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Cumpido, Fungairiño se vio obligado a dejar su cargo al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Eran tiempos de negociaciones entre el gobierno español y ETA y Fungairiño era conocido como un firme enemigo de cualquier acuerdo.

En 2018 Fungairiño se jubiló, siendo fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, y fue homenajeado con un almuerzo por algunos miembros de la fiscalía y la judicatura. No faltó en ella el juez Marchena.