El sindicato Unió de Pagesos (UP) ha denunciado públicamente este miércoles que el Obispado de Vic y el de Solsona habrían registrado a su nombre en los últimos 25 años un total de 430 propiedades –ermitas, iglesias, capillas, rectorías, terrenos y cementerios–, tanto públicas como privadas, de las comarcas del Bages, l'Anoia y el Berguedà.

Uno de los miembros de UP del Bages, Joan Casajoana, ha dicho que el procedimiento de las immatriculaciones –inscribir por primera vez una propiedad en el registro– es "ilegal y clandestino" y denuncia que está basado en "una regulación que hizo la dictadura franquista". De hecho, según el sindicato, la mitad de estas "apropiaciones indebidas" se hicieron entre el 2014 y 2015, el año de puente que dejó el PP antes de derogar la normativa elaborada el año 1946 y que permitía a los obispos actuar como a notarios.

Unió de Pagesos pedirá al Parlament que apruebe una resolución en contra de este procedimiento y a los Ayuntamientos que lleven a los plenos mociones en esta misma línea. También reclaman que se haga pública la lista de todas las immatriculaciones que la Iglesia católica habría hecho en Catalunya.

Unió de Pagesos ha querido hacer públicas los datos que han obtenido de los registros de la propiedad de Igualada, Manresa y Berga en relación a la immatriculació de patrimonio público y privado por parte del Obispado de Vic y de Solsona. En concreto, el sindicato ha explicado que la Iglesia católica se habría "apropiado indebidamente" de un total de 430 propiedades de 95 municipios de las comarcas del Bages, l'Anoia y el Berguedà.

El obispado de Vic asegura que las immatriculaciones son legales

Ante la denuncia hecha pública por Unió de Pagesos, el Obispado de Vic ha hecho público un comunicado donde asegura que la immatriculación de los templos católicos ha estado un proceso "no arbitrario" y "completamente legal". Según el obispado, cada vez que la iglesia registraba una propiedad "presentaba la documentación que probara que aquello era de titularidad eclesial y que coincidiera con el catastro".

Todo eso, aseguran, "de acuerdo con la legalidad vigente y con la supervisión profesional de una pluralidad de técnicos independientes e imparciales".

En este sentido, quieren dejar claro que "ha sido un proceso completamente legal y que no es en ningún caso una apropiación, ni una expropiación, ni mucho menos un espolio". "La Iglesia ha registrado lo que documentalmente le constaba como propio y que no tenía ningún propietario anterior a su nombre", aclaran a través del comunicado. También expresan que "si puntualmente se ha cometido algún error no hay ningún problema para revisar el caso concreto".