Txell Bonet considera que el encarcelamiento del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no se tiene que entender como un problema exclusivo catalán pero sí como una vulneración de derechos humanos, ha explicado la pareja de Cuixart, en el marco de la 39ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde han participado también el jurista experto en derecho internacional, Nico Krisch, y la periodista Patricia López.
En un debate organizado por el Centro UNESCO de Catalunya, Bonet ha recordado que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas "reconoce el papel legítimo de la sociedad civil y las entidades, como Òmnium Cultural" y que esta misma institución pide a los estados que las protejan, así como el derecho de los ciudadanos y entidades a participar del debate público mediante referéndums.
En este sentido, Bonet ha lamentado que en el estado español pasa el contrario: "el estado utilizó su violencia para reprimir el referéndum y vemos cómo el estado reitera en el intento de imponer un falso relato de la violencia para criminalizar el derecho legítimo a la movilización y evitar el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a manifestación o la libre asociación".
El uso abusivo del Código Penal
Por su parte, Nico Kirsch ha criticado el uso abusivo del Código Penal para criminalizar las movilizaciones ciudadanas. "A diferencia del Canadá o el Reino Unido, España ya ha rechazado el diálogo. Ha escogido la vía del miedo y de la violencia", ha afirmado el jurista experto en Derecho Internacional, Nico Krisch, quien también es director del Global Governance Centre, en el Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra.
La periodista Patricia López ha recordado, finalmente, que, en la historia reciente de España, mientras numerosos casos de corrupción han quedado impunes, la disidencia se penaliza. Para acabar su exposición, López ha concluido que "el fascismo en España todavía está vivo a las instituciones e incluso entre los políticos".