Uno de los objetivos de la dictadura franquista fue descatalanizar Catalunya, una cruzada que afrontaron desde diferentes líneas. Una de las líneas de ataque que emprendió fue la de castellanizar los topónimos de la gran mayoría de municipios del país. Después de la dictadura, 937 de los 947 municipios que tiene Catalunya pasaron a cumplir la Ley de Política Lingüística, promulgada en 1998 por el Govern, sin embargo, 10 municipios permanecen con un nombre incorrecto según la normativa lingüística. ¿"Por qué el nombre oficial de diez de los municipios catalanes no se pueden escribir correctamente en catalán y sin faltas"?, se preguntan desde la Fundació Reeixida, desde dónde denuncian esta anomalía lingüística. "El buen gobierno y la transformación democrática tienen que evitar la corrupción y arbitrariedad de este hecho", afirman en un comunicado donde denuncian una "discriminación" hacia los residentes o visitantes de estos municipios. "Están obligados a escribir los nombres incorrectamente, como si ignoraran la ortografía", afirman.
Estos diez municipios son: Cabassers (no Cabacés), Campmany (no Capmany), Castell i Platja d'Aro (no Castell-Platja d'Aro), Figueró i Montmany (no Figaró-Montmany), Vulpellac, Fonteta i Peratallada (no Forallac); Lledó (no Lladó), Maçanes (no Massanes), Navars (no Navàs), Rialb (no Rialp), Terrassola i Lavit (no Torrelavit). "Desde la Fundació Reeixida pedimos al Govern que acabe con esta arbitrariedad y que garantice el mismo trato que reciben en esta cuestión todos los ciudadanos de Catalunya, sin excepción, empadronados en ciudades y pueblos con su topónimo normalizado", reza el comunicado emitido por la fundación.
Denuncian que el hecho de que estos municipios se tengan que escribir de forma incorrecta supone problemas e inconvenientes en algunas situaciones cotidianas como hacer búsquedas en Google Maps o a la hora de hacer pedidos en línea, donde se tiene que escribir el topónimo de forma incorrecta a fin de que las empresas puedan efectuar las entregas correctamente. "Los residentes o visitantes sufren una discriminación: Tienen que escribir el nombre del pueblo como si ignoraran la ortografía, a riesgo que si no lo hacen, el servicio pedido sea denegado. Y todo por culpa de una legislación injusta y caduca", dicen desde la Fundació Reeixida.
Herencia del franquismo
Esta anomalía lingüística se debe, según explica la fundación que denuncia este hecho, a cómo el franquismo "desfiguró y afeó los nombres de sitios catalanes como parte de su programa represivo contra nuestra lengua". Lo hizo devolviendo a los topónimos vigentes hasta 1933, año en que la Generalitat, a través del Institut d'Estudis Catalans, llevó a cabo una normativización. "Los ayuntamientos responsables de esta situación no la han corregido hasta ahora. Lo habrían tenido que hacer en 1998, cuando el Parlament promulgó la Ley de Política Lingüística, pero no lo hicieron", dicen. Algunos ayuntamientos proponen soluciones "caducadas y con una perspectiva falaz y cobarde", como que los vecinos voten en un "proceso participativo" la ortografía que querrían o voten "si se tiene que cumplir la ley o no", afirman desde la Fundació Reeixida, que se ha sumado a la demanda del colectivo Cabassers.org y piden al Govern que acabe "con esta arbitrariedad".