Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya, ha pedido reincorporarse a su plaza de magistrado en la Audiencia de Barcelona. Es juez y tiene lugar en la sección séptima. El mismo lugar que dejó al marcharse julio del 2011, justo ahora hace 5 años. Por ley puede hacerlo.
Su reincorporación, sin embargo, ha hecho levantar a los magistrados que creen que hay que derogar el cambio que se hizo hace 5 años en la ley orgánica y que se aprobó en las puertas de unas elecciones el año 2011, justamente para que los jueces que accedieran a cargos de confianza políticos pudieran volver a entrar en la judicatura.
"Resulta escandaloso", dice a El Nacional el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Catalunya. Luís Rodríguez Vega, que explica que el cambio en la ley estaba pensado para cargos técnicos, para jueces que fueran escogidos como directores generales de un Departament, pero no para cargos de confianza. "Nos coloca en una situación imposible", añade refiriéndose a la independencia que tiene que tener un magistrado, pero también admite que "aquí nadie se toma seriamente la independencia" de los jueces.
Denuncia que los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) se pusieron de acuerdo "en dos minutos" para cambiar una ley orgánica porque "tenían jueces por todos lados". El cambio legislativo permitía devolver al lugar de origen a los magistrados en caso de cambio de gobierno y que quedaran cesados de sus funciones de confianza. En este sentido, el cargo de director de la Oficina Antifrau sigue el mismo patrón, ya que está nombrado por el president de la Generalitat.
El caso de De Alfonso, dice Rodríguez Vega, "pone de manifiesto que esta regulación es terrible".
El comunicado de los jueces
Pocas veces, muy pocas, los jueces hacen un comunicado para denunciar una situación. Este caso, la de la conspiración entre Daniel de Alfonso y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido una excepción. A primera hora de la mañana, llegaba el comunicado a todos los periodistas de tribunales.
Según la Asociación Profesional de la Magistratura "la gravedad no reside en la especial situación administrativa de los jueces que pasan a ejercer cargos políticos o de confianza, en el Estado o en las Autonomías, sino en su régimen privilegiado que facilita el 'sistema de puertas giratorias'".
Los magistrados alegan que aceptar un cargo de confianza político "supone entrar en la confrontación política para defender públicamente un proyecto, lo que lógicamente lleva la pérdida del apariencia de independencia e imparcialidad que requiere el ejercicio de la jurisdicción".
Hacer independiente al sectario
El comunicado hace una reflexión interna sobre el sistema judicial y apela a la responsabilidad de los magistrados que aceptan cargos de confianza: "Si nos tomamos seriamente estos valores, no podemos pensar que se recuperan con la mera reincorporación a la carrera judicial, como si la toma de posesión en el cargo tuviera un poco de magia y hiciera independiente al sectario, ni es suficiente una genérica obligación de abstención en aquellos asuntos vinculados a la actividad política".
Para los magistrados, "los recientes acontecimientos ponen de manifiesto el daño que causa en la imagen de la justicia la permisividad del sistema, lo que nos obliga a defender como asociación profesional la inmediata derogación de la reforma del año 2011".
"Es indudable que ni todos los jueces ni todas las situaciones son iguales, pero la norma tiene que regular situaciones generales, y tener como objetivo fundamental reforzar la independencia de la función jurisdiccional y no facilitar el acceso de los jueces a la política", concluye el comunicado.
La Asociación Profesional de la Magistratura es la más mayoritaria de las cinco asociaciones profesionales de jueces que hay en el Estado español y está considerada ideológicamente como conservadora. Entre sus asociados hay jueces y magistrados de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia y también del Tribunal Supremo.