La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha reclamado cambios legislativos que impidan la paralización en los tribunales de eutanasias aprobadas conforme a la ley, como ha sucedido en los  casos de Noelia, de 23 años, y Francesc, de 55 años, que este agosto cumplirán un año con su muerte digna bloquea en juzgados de Barcelona, por litigios abiertos por sus padres, con el asesoramiento de Abogados Cristianos. Son los únicos casos en todo el Estado español, parados en los juzgados. En concreto, sus responsables han indicado que estudian impulsar una reforma a fin de que sea un procedimiento rápido por la vía contenciosa, como ya existen para otros derechos fundamentales. "En los casos del derecho de manifestación, el procedimiento judiciales es de unos 10 días. Morir dignamente también es un derecho", ha manifestado el jurista especializado en derecho sanitario Ramon Río, este miércoles, justo que se cumplen los cuatro años en vigor de la ley de Eutanasia  en el Estado español y la asociación DMD ha hecho un balance en el Colegio de Periodistas, en Barcelona. "Es indecente lo que hacen. Es un abuso del derecho", ha añadido Cristina Vallès, presidenta de DMD Catalunya. Actualmente, la Generalitat ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo para que no se bloquee más la muerte digna de Francesc, aprobada el julio pasado por la Comisió de Garantia i Avaluació de Catalunya y parada por el juzgado el 5 de agosto del 2024, mientras que Noèlia se le bloqueó el 2 de agosto pasado.

La entidad ha dado cifras de la aplicación de la norma. Unas 1.300 personas han conseguido morir dignamente en el Estado español desde que la ley de eutanasia entró en vigor el 25 de junio de 2021, según datos del Ministerio de Sanidad, recogidos por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Representan el 42% de las 2.475 solicitudes de la prestación de la ayuda para morir que se han presentado. Se añade que a una cuarta parte de las personas que solicitan la eutanasia, se les deniega la prestación de ayuda para morir, y otra cuarta parte de los solicitantes mueren durante su tramitación. Por este motivo, DMD exige "agilizar los plazos de la prestación" para que la resolución no tarde más de 30 días, ya que en la actualidad la media es de 49 días (siete semanas), "un plazo inasumible para personas en situación terminal". Catalunya es la comunidad donde se realizan más eutanasias: en 2024 se registraron 358 solicitudes de ayuda para morir, lo cual supone un incremento del 63,43% con respecto a 2023, con un total de 142 eutanasias, un 51% más que el año anterior,

Desigualdades entre territorios


"La eutanasia se abre camino en España, pero muy lentamente y con muchas desigualdades entre territorios", ha afirmado el médico y vicepresidente de DMD, Fernando Marín, este miércoles en la rueda de prensa celebrada en el Col·legi de Periodistes de Catalunya para evaluar el desarrollo de la Ley orgánica de Regulación de Eutanasia (LORE). "En 2024, las prestaciones de ayuda para morir aumentaron un 28%, pero siguen existiendo tasas de eutanasia muy dispares entre comunidades autónomas. Con los datos existentes, no es correcto afirmar que la prestación funciona de manera adecuada en todo el país, como sostiene el Ministerio de Sanidad",  ha asegurado Marín.

En la rueda de prensa,Teresa Martí ha explicado el caso de su compañero, y que el procedimiento fue excelente en Osona, y fue el primer caso tratado. Por el contrario, Lucas Barrero, ha detallado los graves problemas que tuvo en los centros de salud de Andalucía para que atendieran el procedimiento de su madre. Barrero ha pedido que la ley esté por encima de los partidos que gobiernan en cada comunidad.

La asociación DMD también ha mostrado que los casos de salud mental son los más difíciles de evaluación y aprobación,  a pesar de que -han recordado- que la ley no diferencia los problemas físicos de los psíquicos para  otorgarla, sino un estado grave y no recuperable. Además, ha pedido más difusión de la ley a la población, y más formación a los profesionales de salut