Una encuesta de la Oficina Antifrau evidencia que los ciudadanos ven a los políticos poco honestos pero más de un 20% toleran las trampas en la sanidad o la educación públicas. Buena parte de los catalanes creen que actualmente hay menos corrupción que hace unos años. Al menos así lo evidencia una encuesta realizada por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que muestra que el 82,6% ven la corrupción como un problema muy o bastante grave, ante el 88,9% que lo pensaba en 2014. El 74,2% cree que hay mucha o bastante corrupción, delante del 82,3% que pensaba lo mismo hace dos años. Aunque el grado de tolerancia a la corrupción ha bajado, más de un 20% de los encuestados aceptaría que se hicieran trampas para poder beneficiarse de la sanidad o la educación públicas. Los votantes tienen una mayor voluntad de castigo electoral a los partidos, y todavía ven la política poco honesta en general.
La encuesta se hace cada dos años y en esta ocasión se entrevistó a 850 personas para saber su percepción y opinión sobre la corrupción, principalmente en el ámbito público. El 24% de los encuestados cree que en los últimos años la corrupción ha disminuido, el 36% que se ha mantenido y el 34% que ha aumentado. En 2012 estos últimos suponían el 60% del total, y en 2014 ya bajaron al 53%. En general, el 78% de los encuestados piensa que los catalanes son muy o bastante honestos y cumplen las leyes. El director de Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha dicho que la situación ha mejorado pero todavía es preocupante, y lo ha justificado en el hecho de que los casos más graves ya tienen algunos años de antigüedad.
Cuando se pregunta sobre si han visto acciones concretas, el 21% dice haber presenciado personalmente algún trabajador público comportarse de forma corrupta: en el 31% de estos casos se ha favorecido a un familiar, amigo, empresa o uno mismo, un 18% ha visto aceptar regalos o dinero, y la tercera conducta más detectada es seguir criterios inapropiados en multas, empadronamiento o listas de espera. Sólo un 0,8% dice haber vivido como un policía le pedía un soborno y un 0,7% lo ha vivido en el ámbito judicial. Un 3,5% ha visto cómo alguien pagaba un soborno a un funcionario.
El 66,5% de los encuestados creen que los funcionarios son muy o bastante honestos. Donde ven más corrupción es en las obras públicas, un 81% de los encuestados, el urbanismo, un 72%, y la administración de justicia, un 56%. Además, el 58% de los catalanes cree que las administraciones públicas catalanas son poco o nada transparentes, ante un 65% que pensaba el mismo en 2014. Cuando una institución no da la información que se le pide, el 38% de los encuestados cree que esconde alguna cosa.
Las instituciones vistas como además corruptos son, por este orden, los partidos políticos (80%), entidades financieras (78,7%), sindicatos (62%) y ayuntamientos (56%). No obstante, en todos ha bajado respeto el 2014. El único ámbito donde los ciudadanos ven un empeoramiento está en los medios de comunicación. Mientras en 2014 el 58% pensaba que la información sobre casos de corrupción era poco o nada objetiva, en 2016 el porcentaje ha subido hasta el 69,5%.
Por actividades públicas, las más corruptas, según los encuestados, son los contratos públicos (71%), la concesión de licencias y autorizaciones (62%), ayudas a empresas (65%) y selección de personal y subvenciones a entidades, con un 57%. También ha disminuido la percepción de corrupción respecto de 2014.
El grado de tolerancia a la corrupción ha bajado ligeramente, pero Gimeno considera que todavía es demasiado alto. Así, un 29% acepta que se empadrone un niño en casa de los abuelos para entrar en la escuela deseada, un 22% ve bien fotocopiar libros enteros, un 21% que se llame un médico amigo para saltarse la lista de espera y un 14,6% que un alto cargo reciba una caja de vino de una empresa.
En cambio, sólo un 2% ve tolerable que un funcionario acepte dinero para agilizar un trámite, y un 4,5% que un político dé apoyo a un proyecto para beneficiar a un grupo económico que ha dado apoyo a su partido. Un 8,4% cree que no es corrupción que un político vote a favor de un proyecto para favorecer la empresa de su hijo, y un 6,9% también acepta que un empresario pague para obtener un contrato público.
Gimeno ha opinado que no hay ningún grado de corrupción tolerable, porque entonces los límites serían muy "flexibles", y considera que todavía hay "demasiadas justificaciones" de los ciudadanos hacia ciertas actitudes corruptas o impropias.
Políticos
Justamente, sobre la política, los encuestados son bastante duros. El 48% cree que los partidos se financian ilegalmente, cifra que ha bajado del 55% de 2014. El 84% piensa que la financiación privada de los partidos puede acabar influyendo en sus decisiones posteriores. El 49,6% cree que los políticos son poco o nada honestos.
Además, la inmensa mayoría, un 82,5% piensa que los políticos hacen poco o nada lo que toca para luchar contra la corrupción, 6 puntos menos que el 2014. El 64,5% piensa que los nombramientos a la administración pública se basan en el mérito y la capacidad, el 69% ve falta de transparencia en las decisiones públicas, el 80% ve vínculos demasiado estrechos entre política y negocios y el 84,6% piden más explicaciones a los políticos sobre su gestión.
De hecho, el 56% de los encuestados cree que los políticos se presentan a elecciones para poder, influencia o enriquecimiento económico personal.
El 66% de los encuestados cree que las administraciones públicas tratan de forma privilegiada las personas y entidades afines al Gobierno. El 88% cree que hay grupos de interés que influencian en las decisiones públicas, el 85% dice que estas relaciones no son lo bastante transparentes y el 86% exigiría que las agendas de los políticos sean públicas. También se pide más control del patrimonio y actividad económica de los cargos públicos. El 86% cree que tendría que haber un organismo independiente que se encargara de ello, y un 69% también pide controlar el patrimonio y actividad de la familia de los cargos públicos.
Sobre el posible castigo electoral hacia los partidos corruptos, los 21% de los encuestados los volvería a votar, ante un 27% que lo afirmaba en 2014, y el 44% votaría otra candidatura. En la lucha contra la corrupción, el 88% de los encuestados cree que se tendría que apartar a los cargos públicos salpicados por un caso antes de que haya sentencia.
Gimeno ha pedido a los partidos una profunda reforma de su funcionamiento y financiación, por ejemplo a través de fundaciones, para no alejar todavía más la ciudadanía, y les hace falta más contundencia en la lucha contra la corrupción en general y en los casos que los afectan directamente.