La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes una proposición de ley para acelerar el proceso en casos de desalojos de viviendas ocupadas. El texto, que se tendrá que remitir al Senado, protege a los pequeños propietarios, las ONG y las entidades públicas propietarias o poseedoras de viviendas sociales. Con este cambio normativo, promovido por el PDeCAT, se aceleran los plazos para echar a los okupas ilegales. Hasta ahora, podía alargarse hasta dos años y, en cambio, ahora se podrá desahuciar en dos meses. La ley deja fuera a entidades financieras, promotores y fondos buitre.
La diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró ha destacado que la ley contribuye a luchar contra las mafias que se lucran y que cobran ofreciendo pisos de manera ilegal. El texto se ha aprobado por sólo un voto. Ha recibido el apoyo de PP, Cs, PDeCAT y PNV y los votos en contra de ERC, PSOE y Podemos.
Los partidos que han votado en contra han cargado contra esta proposición de ley del PDeCAT porque creen que atenta contra las familias más vulnerables y facilita a los "fondos buitre" desahuciar con más facilidad. Los comunes, por su parte, han criticado que la ley "se carga todas las garantías" y no ofrece ninguna vía a las familias en uno de los momentos "más duros de la burbuja de los alquileres".
Esta Ley se carga todas las garantías y no ofrece ninguna alternativa a las familias más vulnerables en uno de los momentos más duros de la burbuja de los alquileres, cuando|cuándo miles de vecinos y vecinas están siendo expulsadas de sus barrios por|para la subida abusiva de los precios.
— En Comú Podem (@EnComu_Podem) 24 de abril de 2018
El PSOE ha criticado que la proposición de ley contiene medidas contra los ocupantes de las casas, pero no contra los "extorsionadores". Los socialistas creen que el texto no garantiza que aquellas familias que ocupan una vivienda porque se encuentran en "situación de vulnerabilidad" sean reubicados después del desalojo y tampoco una "alternativa habitacional" a los que lo necesitan.
Por su parte, el PDeCAT ha reivindicado que la ley protege los derechos de las ONG, pequeños propietarios y entidades públicas. A la vez también ha recordado que tiene la voluntad de proteger a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que no puedan pagar el alquiler. Esta protección se dará con la obligación del propietario del piso a ofrecer un nuevo alojamiento a la familia desahuciada antes de 7 días, según ha explicado la diputada Lourdes Ciuró.