El sector educativo es uno de los que más se está viendo forzado a reformularse durante la pandemia y eso está deteriorando las condiciones laborales, ya precarias, que el sistema arrastraba. Por esta razón, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado a una huelga el próximo 21 de octubre, a toda la comunidad universitaria y a los centros de investigación para protestar por la precariedad laboral, que la pandemia ha acelerado.

 

 

Sumándose a otros sectores públicos en protesta, universidades también hará huelga. Lo ha anunciado la portavoz del sindicato Maria Leó a una rueda de prensa, en qué ha afirmado que el sistema universitario "ha estallado" a causa de "la enorme carga de trabajo que supone para los docentes preparar formados de clase presenciales y virtuales" para las que "en general no se les ha ofrecido formación".

También alertó de la situación de muchos investigadores que "dejaron tareas científicas paros durante la pandemia y, para poder acabarlas, las han reanudado sin cobrar porque sus contratos predoctorales han finalizado".

Objetivos a corto y a medio plazo

Desde la CGT denuncian "la insostenibilidad" de las condiciones actuales y exige una prórroga de 6 meses de los contratos que concluyen durante la pandemia para acabar las investigaciones. Aunque reconocen que algunos contratos predoctorales se han prorrogado por 3 meses, aseguran que no es suficiente.


Otros de las demandas del sindicato a corto plazo son regularizar la figura de los profesores asociados, según asegura la portavoz Maria Leó "las contrataciones son fraudulentas y precarias" y por eso es necesaria la retirada del anteproyecto de ley del Estatuto de Personal Docente e Investigador que prepara el Ministerio de Universidades, porque "implica legalizar figuras laborales precarizadas".

Como medidas a medio plazo, la CGT pide "acabar con el obsoleto sistema de becas", ya que según la portavoz la universidad "tiene que ser totalmente gratuita". También, Maria Leó ha exigido la creación de un cuerpo único de profesorado universitario, la desaparición de la subcontratación de los servicios básicos y que se cambien los criterios de evaluación de las publicaciones científicas, ya que los actuales "privatizan el conocimiento porque comportan el trasvase de fondo públicos a editoriales privadas".

 

Foto principal: Huelga de profesores de secundaria el pasado 9 de octubre / Efe.