Fernández Díaz se le acumulan los problemas. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, pide 41 años de prisión para su antiguo compañero de partido, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. En el escrito de acusación remitido en la Audiencia Nacional en el marco del caso Villarejo, Bárcenas habla de una operación parapolicial orquestada por el exministro y el que fue su mano derecha, Francisco Martínez, para supuestamente espiarlo entre 2012 y 2015 por conseguir información delicada sobre el partido. Además, considera que están relacionados con el falso sacerdote que asaltó su casa para y los amenazó a punta de pistola recuperar documentos del PP.

Operación paramilitar para proteger al PP

Según el escrito de acusación, los once acusados "orquestaron una operación parapolicial al margen de la ley con la finalidad de obtener y destruir la posible información" que Bárcenas, su mujer y su hijo "tuvieran en su poder que pudiera afectar el Partido Popular" y que se pudiera utilizar en el caso Gürtel, trama de corrupción que en aquel momento estaba siendo investigada en la Audiencia Nacional y por la cual él mismo está cumpliendo condena. El exsecretario de Estado Francisco Martínez, según la tesis de Bárcenas, fue quien "asumió la coordinación de la operación ilícita por indicación" del exministro, y quien encargó la planificación y desarrollo al entonces número dos de la Policía, Eugenio Pino. El texto también dice que en los años en que se desplegó la operación, la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y su marido se reunieron en varias ocasiones con el excomisario de la policía española, José Manuel Villarejo, que "los iba informando de cómo iba la operación parapolicial". Según Bárcenas, Fernández Díaz "estaba al corriente de todos los movimientos del operativo", que consistió en vigilancias, seguimientos e incluso el clonado de teléfonos, y que culminó, dice, con la localización y incautación de la documentación que buscaban.

Secuestrados y amenazados por un falso sacerdote

La familia incluye en su acusación el asalto a su casa en octubre de 2013, cuando Luis Bárcenas estaba a la prisión preventiva, un episodio que califican de "secuestro ejecutado por Enrique Olivares", quien se hizo pasar por sacerdote, les convenció de que quería hablar de la libertad de Bárcenas y los esposó y amenazó con una pistola para obtener documentación "que pudiera hundir el gobierno de la nación". Olivares ya fue condenado y murió a principios de este año. Aparte de las duras condenas de prisión, la familia también exige una indemnización "solidaria" con su mujer y el hijo del extesorero de 400.000 euros por cabeza.

La familia Bárcenas acusa al exministro y la cúpula policial de espionaje

En el texto, Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y su hijo, el cantante de Taburete, Willy Bárcenas, piden que la Audiencia Nacional abra un juicio oral contra los once procesados por el juzgado central de instrucción número 6, entre ellos el exministro y su secretario de Estado, además de su antiguo chófer, elemento colaborador clave, y buena parte de la cúpula policial de aquel momento, que incluye al excomisario Villarejo. El escrito de acusación que firma la abogada Marta Giménez-Cassina, los señala por un delito de asociación ilícita y los considera cooperadores necesarios del asalto que sufrieron en su casa. Entre los mandos policiales, para los cuales también pide 41 años de prisión, figuran al exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino; el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera; el inspector Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de Cospedal (a ella le pide que testifique al juicio); el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; y los inspectores Bonifacio Díez Sevillano y José Ángel Fuentes Gago. A los diez les atribuye haber actuado con la agravante de aprovecharse de su posición de poder. Para Sergio Ríos, el ex-chófer de la familia, Bárcenas pide 33 años de prisión y lo acusa de actuar con la agravante de abuso de confianza a cambio de 2.000 euros al mes a cargo de fondos reservados y de entrar en la Policía.