La Audiencia Nacional condena otra vez el PP por la trama Gürtel, trama de corrupción liderada miedo el empresario Francisco Correa. La sentencia, por el caso de Boadilla, establece que el Partido Popular y el grupo Correa actuaron en una "dinámica de beneficio mutuo" que supuso la "sustitución de la administración por el entramado criminal" y la "financiación irregular" del partido "a través de fondos ilícitos" procedentes de "conductas delictivas". La investigación concluye que Gürtel desembarcó en el Ayuntamiento de Boadilla gracias a la relación de Correa con dirigentes del PP, donde manipularon contratos públicos y concedieron adjudicaciones a cambio de mordiscos, que acabaron costeando actos electorales del partido conservador. Según Arturo González Panero, conocido por el mote del 'Albonguilla', la cúpula nacional y la regional de la formación conocían este funcionamiento irregular. Los magistrados han rechazado de forma unánime toda la argumentación presentada por la defensa del PP, que llegó a alegar la prescripción de los hechos, y condena al partido a pagar 204.198,64 euros y ordena penas de prisión de 36 años y 11 meses para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero; y de 13,5 años para Francisco Correa y Pablo Crespo.

Tercer golpe para el PP

Con esta ya van tres condenas al Partido Popular después del juicio por la primera época de la Gürtel, donde también fue sentenciado para lucrarse con la trama. El tribunal concluye que existe un "patrimonio probatorio sólido" que el PP obtuvo un "beneficio evidente" con las actividades de la trama "tanto para las campañas autonómicas y municipales de 2003 y 2007 como fuera de ellas", conseguido a través de comisiones abonadas por empresas, por otros mordiscos conseguidas con cargo a "administraciones públicas" o directamente en negro desde la caja B del líder de la Gürtel, Francisco Correa. Los magistrados sentencian que el Partido Popular obtuvo de esta manera "financiación irregular a través de fondos ilícitos provenientes de conductas delictivas" del entramado corrupto, que "fue ocultado en el Tribunal de Cuentas".

En lo que era el alcalde de Boadilla del Monte cuando se produjeron los hechos, Arturo González Panero, está condenado por un total de dieciocho delitos, entre los cuales se encuentran asociación ilícita, delito continuado, de soborno pasivo, de prevaricación continuada, fraude a las administraciones públicas, delito continuado de malversación, delito de tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales, que lo condenan treinta y seis años de prisión y multas que exceden los seis millones y medio euros.

Condenas

Un total de 23 personas han sido acusadas por delitos como el soborno, la malversación de caudales públicos, el fraude a la administración, la falsedad en documento público o el blanqueo de capitales, entre otros. La mayoría tienen en cuenta los atenuantes de confesión o reparación del mal causado al haber abonado importantes cantidades económicas, excepto para el exalcalde de Boadilla, de quien el tribunal considera que su declaración fue "la única que no supera el filtro de suficiencia mínimo", ni ha contribuido "de ninguna manera a reparar el mal". Eso lo convierte en lo que recibirá una condena más alta, seguimiento del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, con 13 años y medio cada uno por delitos de soborno, fraude a la administración, falsedad en documento, tráfico de influencias, prevaricación, contra la Hacienda Pública, blanqueo y malversación.

El ex gerente de la empresa pública municipal de vivienda de la localidad, y lo que era la cabeza local de campaña del PP, Cessar Tomás Martín Morales, a la Audiencia también la ha condenado a 6 años y 2 meses de prisión. El exdiputado Alfonso Bosch, por su parte, tendrá que cumplir con una pena de 4 años y 4 meses por asociación ilícita, soborno, prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento y malversación. Otros miembros de la trama, como el contable José Luis Izquierdo, que ha sido condenado a un año y medio de prisión por soborno y falsedad, y el ingeniero financiero Ramón Blanco Balín, que cumplirá dos años y 4 meses por fraude, falsedad, soborno y prevaricación. Los empresarios implicados en la investigación también recibirán su castigo por parte de la justicia, José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra o Jacobo Gordón, condenados a año y medio de prisión, dos años, y un año y cuatro meses, respectivamente, por delitos como falsedad, blanqueo, soborno o tráfico de influencias. En cambio, Alfonso García Pozuelo se ha liberado de la prisión por los atenuantes contemplados, pero sí tendrá que pagar una multa.