El juez de instrucción 22 de Barcelona ha archivado el caso contra los Mossos por llevar a quemar documentación a la incineradora de Sant Adrià.

El juez niega los hechos que relataban las denuncias y, por lo tanto, rechaza que los Mossos fueran a quemar documentación "por motivos de carácter político, sin ninguna justificación". Y añade que el comisario jefe del área de información de los Mossos d'Esquadra ha dado todas las explicaciones que le han sido solicitadas por el ministerio fiscal, acusación particular y letrado de la Generalitat.

El 26 de octubre, un día antes de la declaración de la DUI, la policía española requisó la documentación de la unidad de información de los Mossos que varios agentes habían llevado a quemar a la incineradora de Sant Adrià del Besòs, como hacían habitualmente. Agentes del CNP los esperaban en la puerta. Unos uniformados, y otros de paisano. Los retuvieron durante tres horas a la espera de la orden judicial que pidieron a la Audiencia Nacional, a la jueza Carmen Lamela, que instruía el caso contra el major Josep Lluís Trapero.

 

El juez admite el momento complicado que se estaba viviendo y que situó a los Mossos en el punto de mira: "Los Mossos d'Esquadra y, en concreto, la Comisaría General de Información, en un momento social de especial vulnerabilidad llevaban a cabo una investigación que afectaba a personas de varias orientaciones sociopolíticas. La investigación relativa a algunos ellos apareció en medios de prensa y la noticia que de eso tuvieron dio lugar a la interposición de varias querellas y denuncias, que han sido acumuladas en las presentes diligencias".

Según la investigación y las explicaciones del comisario jefe, la documentación que se llevaba a destruir "no ofrecía ningún dato relevante en orden a la prevención de posibles delitos". En estos casos los mismos Mossos detienen la investigación. Si hay datos relevantes, la investigación continúa y se pone en manos de la fiscalía o el juez.

El juez dice que, ante los hechos, la destrucción de la documentación no fue "una decisión arbitraria" y que no consta que ninguno de los datos que se obtuvieron y que figuraban en la documentación que se intervino en la incineradora "han sido utilizados para ninguna finalidad política".

 

 

El juez también descarta cualquier delito sobre la obtención de la documentación y malversación de dinero.

La resolución concluye que "la sección de información de los Mossos d'Esquadra ha actuado con competencia objetiva y espacial, decidiendo la información según su poder discrecional de investigación en relación con la valoración de los elementos concretos y los requisitos de la intervención; por el que, en la unidad del derecho penal y del ordenamiento jurídico, su hacer es conforme a este".