El próximo 4 de noviembre empieza un juicio contra los cinco juristas y politólogos que formaron parte de la Sindicatura Electoral del 1-O. Es el primer juicio del procés a profesionales a quienes se encargó un trabajo de asesoramiento.
Hoy se ha presentado el grupo de apoyo Síndics 1 d'octubre, que convoca a la ciudadanía a concentrarse el primer día de juicio, el 4 de noviembre, a las puertas de la Ciutat de la Justícia. El grupo lo forman estudiantes que denuncian que el juicio "ataca a la libertad académica, a la democracia y a los valores universitarios".
La sindicatura electoral del 1-O con Quim Torra
"Los estudiantes no dejaremos solos a nuestros profesores y profesoras", han clamado hoy en la presentación del grupo de apoyo a los síndicos que hicieron los informes legales encargados por el Govern para llevar a cabo el referéndum del 1 de octubre y que cesaron días antes amenazados por el Tribunal Constitucional.
El grupo de apoyo califica de "persecución generalizada" lo que pasó días después del 1-O a nivel judicial con el objetivo de hacer un "escarmiento social".
El caso
El año 2017 el Parlamento de Catalunya encargó a cinco expertos la tarea de supervisar la votación del 1-O: la abogada de Girona Marta Alsina; Marc Marsal, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona; Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona; Tània Verge, profesora de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra, y Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona, como presidente de la Sindicatura.
La presión del TC y la amenaza de sanciones económicas hicieron que renunciaran al cargo y ahora se enfrentan a un juicio penal. A pesar de haber renunciado, fueron procesados y se enfrentan a dos años y nueve meses de prisión, lo que suma un total de mil días de prisión. Se les acusa de los delitos de desobediencia y usurpación de funciones. El grupo ha convocado para el primer día del juicio, 4 de noviembre, una concentración en la Ciutat de la Justícia para apoyar a las personas encausadas.
Los profesores han explicado que aceptaron el nombramiento para ejercer la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por el Parlament de Catalunya. Sostienen que "actuar como observadores electorales forma parte del servicio público de abogados, académicos y politólogos. La participación de expertos en los procesos políticos se tiene que promover, no castigar". Destacan que "la cuestión no es tomar una posición a favor o en contra de la independencia, sino condenar la vergüenza de encarcelar a alguien por sus creencias políticas".