28 de abril de 2025. 12.32 horas. Un día aparentemente normal, soleado y con una demanda eléctrica baja, quedó marcado por un apagón histórico. En pocos segundos, millones de personas en España y Portugal —y también en pequeñas zonas del sur de Francia— se quedaron sin luz. En muchas casas, la primera reacción fue ir al cuadro eléctrico para comprobar si había saltado el automático. Pero no era una avería doméstica: era un cero eléctrico. El colapso afectó a unos 36 millones de puntos de suministro, 30 millones en España y 6 millones en Portugal. El transporte se detuvo, muchos pasajeros quedaron atrapados en trenes sin alimentación eléctrica, los semáforos dejaron de funcionar, las industrias paralizaron la producción y muchos comercios tuvieron que bajar la persiana. También fallaron teléfonos móviles, datáfonos y equipos informáticos, lo que convirtió el pago en efectivo en una herramienta imprescindible para quien lo tenía.
Un año después, el Estado español aún no tiene una respuesta cerrada sobre quién fue el responsable del colapso. Sí que hay informes, comparecencias, acusaciones cruzadas y decenas de expedientes sancionadores, pero ninguna responsabilidad declarada de manera definitiva. El Gobierno prometió “llegar hasta el final”, pero el final aún parece lejos. Las investigaciones apuntan a una combinación de factores. Entre los elementos señalados hay episodios de sobretensión, problemas en el control de la tensión, desconexiones de plantas de generación y una programación insuficiente de centrales capaces de estabilizar el sistema. Red Eléctrica, como operador del sistema, ha quedado en el centro de todas las miradas. Las eléctricas, por su parte, también han sido cuestionadas por el comportamiento de algunas de sus instalaciones.
Red Eléctrica, el culpable
La CNMC ha sido el organismo que ha dado el paso administrativo más relevante. Ha abierto expedientes sancionadores contra Red Eléctrica por un presunto incumplimiento muy grave de sus funciones como operador, con posible perjuicio para el sistema. También ha actuado contra instalaciones hidráulicas, nucleares y de gas de empresas como Endesa, Iberdrola y Naturgy, en este caso por presuntas infracciones graves. El proceso, pero, aún puede alargarse meses.
El gran apagón también ha tenido una consecuencia directa en el bolsillo de los consumidores. Desde aquel 28 de abril, Red Eléctrica opera el sistema con más refuerzos para evitar un nuevo colapso. Esto implica programar más centrales de ciclo combinado de gas, más caras, que entran a menudo a través de los servicios de ajuste y de restricciones técnicas. El resultado es un encarecimiento de los costes del sistema que acaba repercutiendo en la factura de la luz.
Antes del apagón, el sistema funcionaba con menos presencia de estas centrales de gas. Después, su participación ha crecido de manera notable con el argumento de dar más robustez a la red. Diversas estimaciones sitúan el sobrecoste en cientos de millones de euros, aunque no hay una cifra única aceptada. Red Eléctrica defiende unos datos más bajos que los de algunas consultoras independientes, que elevan mucho más el impacto.
El debate energético también ha cambiado de tono. Las renovables fueron señaladas desde el primer momento por algunos sectores políticos y económicos, a pesar de que los informes conocidos no las sitúan como causa única del apagón. El problema, según varios expertos, no fue que hubiera energía solar o eólica, sino que el sistema no estaba lo suficientemente preparado para que estas tecnologías participaran plenamente en el control de tensión. El presidente de Entso-E, Damián Cortinas, lo resumió así: “El problema aquí no es que hubiera renovables, sino que necesitamos generación que tenga control de voltaje”. Hasta ahora, esta función había recaído sobre todo en tecnologías síncronas, como centrales hidráulicas, nucleares o ciclos combinados. La normativa española no permitía a las renovables actuar de manera efectiva en este control, una situación que ahora se empieza a corregir.
También se ha reabierto con fuerza el debate nuclear. El apagón llegó en pleno calendario de cierre progresivo de los reactores y con la central de Almaraz en el centro de la discusión. Las empresas propietarias han pedido alargar su vida útil, con el argumento de que puede aportar estabilidad al sistema. Pero los expertos no coinciden en que más energía nuclear habría evitado necesariamente el cero eléctrico.
El dinero en efectivo del que ya nos habíamos olvidado
La gestión posterior del apagón también ha dejado lecciones fuera del sector eléctrico. El Banco de España y las entidades financieras tuvieron que coordinar la recarga de cajeros y garantizar la disponibilidad de efectivo. Los días 29 y 30 de abril, una vez superada la incidencia, los bancos y las empresas de transporte de fondos reforzaron la reposición de dinero, especialmente en puntos críticos. La crisis recordó que, en un escenario sin luz, sin datos y sin datáfonos, el dinero físico sigue siendo esencial.
Un año después, el sistema eléctrico español es más prudente, pero también más caro. Hay nuevos procedimientos técnicos, más atención al control de tensión y una operativa reforzada. Lo que no hay todavía es una conclusión clara sobre las responsabilidades. El apagón duró horas; las consecuencias, en cambio, continúan abiertas doce meses después.