El Gobierno ha aprobado un real decreto con medidas urgentes para mejorar la capacidad de respuesta ante incendios forestales durante todo el año. La nueva norma introduce mejoras en aspectos como la prevención, la extinción y la restauración de los terrenos forestales afectados, y da a las comunidades autónomas un plazo de cinco meses para adaptar los servicios de lucha contra el fuego a la nueva regla que establece el real decreto. El Gobierno atiende así lo que disponen las Orientaciones Estratégicas para la Gestión de Incendios Forestales en España, ratificadas a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 28 de julio.

Esta nueva norma viene determinada por una propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de acuerdo con la experiencia de los últimos años que ha puesto en evidencia que el riesgo de los incendios forestales se extiende a todo el territorio y, cada vez más, de forma desestacionalizada. Desde el Gobierno quieren atender debidamente este nuevo escenario que requiere disponer de un instrumento nuevo, de más alcance que los planes de defensa hasta ahora previstos solo para las zonas y las épocas de alto riesgo. De esta forma, los planes autonómicos tendrán que ser aprobados y publicados antes del 31 de octubre de cada año y se aplicarán de manera ininterrumpida durante los doce meses en todos los territorios.

40 días más al año de riesgo de incendio extremo

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha ofrecido la nueva visión del Ejecutivo español: "Ya no podemos pensar que la temporada de riesgo extremo de incendios solamente ocupa dos o tres meses en nuestro calendario", ha advertido Ribera, que apuntado que según la información de la Comisión Europea es "más que probable" que los días de riesgo extremo de incendios se incrementen en 40 días más al año. Así pues, se amplía el contenido mínimo de estos planes para establecer la dotación, los medios materiales y los equipamientos de que tienen que disponer los trabajadores que participen en tareas de prevención y extinción de incendios. Además, se establece un catálogo mínimo de prohibiciones que las comunidades autónomas tendrán que aplicar cuando el riesgo de incendios sea muy alto o extremo.

Ribera ha destacado que "una mala preparación" pone en riesgo la población y los trabajadores. Además, incrementa la pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, así como las pérdidas económicas y la actividad industrial y empresarial en el entorno y dificulta la capacidad de recuperación. En este contexto, ha precisado que de acuerdo con los últimos datos aportados por las comunidades autónomas, desde principio de año, España ha registrado más de 6.400 incendios con 135.000 hectáreas quemadas. Con la actualización de la normativa se busca elaborar un plan de medidas para reducir el riesgo y estar preparados y desarrollar las tareas preventivas y la capacidad adecuada para minimizar riesgos y costes. "Riesgos con los cuales estamos conviviendo en estas semanas y meses y por los cuales todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para minimizar su impacto de la forma más razonable posible", ha concluido.

Reforzar coordinación entre instituciones

Con respecto a la extinción de los incendios, la norma reforzará la coordinación institucional implantando un sistema de emergencias que asegure la interacción eficaz entre diferentes equipos, sea cual sea la Administración a la que pertenezcan. Así, entre otras medidas, prevé establecer una calificación homogénea de las unidades de extinción según sus capacidades operativas. Es decir, un protocolo de coordinación común para los medios aéreos, así como adoptar señales de radio unívocas o utilizar simbología común para elaborar los mapas operativos. Por su parte, el gobierno asume el compromiso de mantener activo, a lo largo de todo el año, el dispositivo de medios aéreos, las unidades de refuerzo helitransportadas, y los otros medios de apoyo, que estarán a disposición de las comunidades autónomas marco de la ejecución de los planes de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.