El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que hace Amnistía Internacional (AI) advierte que el Estado español todavía tiene muchas carencias en la protección de los derechos humanos, la investigación sobre su vulneración y, sobre todo, en la rendición de cuentas cuando estos derechos son violados por el propio Estado. Así, en el caso de Catalunya pone de ejemplo la falta de investigación, o su lentitud, en casos como los de Pegasus, las infiltraciones policiales en movimientos sociales o las torturas franquistas en la comisaría de Via Laietana. Por todo eso, en España, la principal preocupación de Amnistía Internacional es la “persistente falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado”.

La lentitud y el archivo de procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos, o el hecho de que ni siquiera se inicien, “también contribuyen a perpetuar este clima de impunidad”, dice la entidad. Eso no solamente impide que las víctimas consigan la justicia y la reparación que merecen, sino que también erosiona el Estado de derecho, asegura AI.

En mayo, una investigación realizada por el Parlamento Europeo confirmó que se había utilizado el programa espía Pegasus contra al menos 65 personas, entre ellas periodistas, figuras políticas y miembros de la sociedad civil catalana. No hubo avances en la investigación de al menos 13 demandas por el uso de software espía presentadas ante varios tribunales españoles. En julio, debido a la carencia de cooperación de las autoridades israelíes, la Audiencia Nacional cerró provisionalmente la investigación sobre el uso de Pegasus contra el presidente español, Pedro Sánchez, y sus ministros de Defensa e Interior.

Según AI, el proyecto de ley de amnistía para los independentistas contenía algunos aspectos “preocupantes” a sus disposiciones, como la posible inclusión de casos de uso excesivo de la fuerza por la policía y la protección insuficiente de los derechos de las víctimas de delitos.

Preocupación por los policías infiltrados

AI también denuncia que no se abrieron investigaciones a raíz de la información publicada en medios de comunicación sobre agentes de policía de incógnito que se habían infiltrado en movimientos sociales, políticos e independentistas utilizando relaciones íntimas y sexuales como tapadera, sobre todo en Catalunya y el País Valencià. El Ministerio del Interior argumentó que estas operaciones eran actividades de inteligencia autorizadas por el gobierno y que permanecían clasificadas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales.

Finalmente, el informe también lamenta la “impunidad” de los delitos contra la humanidad cometidos durante el franquismo. En octubre, un juez de Barcelona cerró la investigación de la denuncia presentada por Carles Vallejo en que este alegaba que había sido torturado en la comisaría de policía de Via Laietana de Barcelona. Se interpuso un recurso.

El caso de la Virgen del Rocío en TV3

También se recrimina que se abrió una investigación penal por ofensas a los sentimientos religiosos contra los autores de un gag humorístico sobre la Virgen del Rocío en el programa Està passant de TV3. El informe también hace mención de la muerte de un esquizofrénico en Badalona en noviembre del 2021 en manos de los Mossos d'Esquadra por culpa de varias descargas de pistola eléctrica, incluso cuando ya estaba en el suelo.

Migrantes, salud, vivienda, ley mordaza y medio ambiente

Con respecto a otros aspectos relativos al Estado español, pero no únicamente relacionados con Catalunya, el organismo menciona la falta de derechos de las personas refugiadas y migrantes, la violencia sexual y de género, el derecho a la vivienda y a la salud, los derechos de las personas mayores, la vigencia de la ley mordaza, los delitos de odio o el respeto al medio ambiente.

Según el informe, “no hay voluntad política para abrir investigaciones independientes y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos”, como las de las residencias durante la covid-19, después del salto de la valla de Melilla en el 2022 o después de los abusos policiales a la hora de reprimir algunas manifestaciones. “La impunidad ante estos hechos no solamente vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje descorazonador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado y que las víctimas no consigan justicia y reparación”.

Ley de secretos oficiales del 1968

Además, leyes como la de secretos oficiales de 1968, un vestigio del pasado franquista, siguen impidiendo la investigación y el acceso a la justicia en materia de derechos humanos. Esta ley, que clasifica como secreto información de interés público como las armas españolas vendidas a países como Arabia Saudí o Israel, que pueden estar utilizándose para cometer violaciones de derechos humanos, “ampara la opacidad y dificulta el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos, perpetuando la impunidad y la falta de transparencia”. “Reformarla sería un buen punto de partida para demostrar un compromiso real con los derechos humanos”, dice AI.

Pequeños avances

Sin embargo, la anterior legislatura trajo avances legislativos importantes en materia de derechos humanos en España. Desde la lucha contra la violencia sexual hasta el reconocimiento de los derechos de las personas trans. No obstante, estas consecuciones están “empañadas por un riesgo real que estos avances se conviertan en letra muerta si no se toman medidas concretas para su implementación efectiva”. La desigualdad en la implementación de estas leyes, y otros como la ley de memoria democrática, en las comunidades autónomas, genera resquicios en la protección de los derechos humanos, dice el informe. Mientras que en algunas comunidades se avanza en la aplicación de las medidas necesarias, en otras se observa una negativa a impulsarlas o incluso se aprueban leyes autonómicas que contradicen los avances exitosos a escala estatal.

Algunos ejemplos de esta disparidad son el acceso al aborto: la ley que permite a las adolescentes de 17 y 18 años interrumpir el embarazo sin necesidad de consentimiento parental podría verse limitada en comunidades que dificulten el acceso. Con respecto al reconocimiento de los derechos de las personas trans, podría verse menoscabado por leyes autonómicas que discriminen o restrinjan su acceso a servicios sanitarios o administrativos. Las medidas para garantizar el derecho a la vivienda podrían ser ineficaces si no se implantan de manera coordinada entre las administraciones estatales y autonómicas.

“Es fundamental que las administraciones, tanto estatales como autonómicas, trabajen juntas para asegurar la implementación efectiva de las leyes que protegen y hacer realidad los derechos humanos. La falta de acción en este sentido podría convertir estos avances legislativos en simples declaraciones de intenciones sin impacto real en la vida de las personas”, concluye AI.