El juez ha desestimado la querella por abusos sexuales contra el policía infiltrado en Sant Andreu, según han comunicado este martes la CGT e Irídia. Ocho mujeres denunciaron que el agente se utilizó de relaciones sexoafectivas con ellas para espiar la actividad de los movimientos sociales de los cuales formaban parte durante más de tres años, motivo por el cual presentaron una querella por los delitos de tortura o contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos. Ahora, la causa llegará a la Audiencia provincial con un recurso.
Las acusaciones confían que la Audiencia provincial les dará la razón respecto del deber de investigar de forma efectiva y reforzada este tipo de casos en el marco de la prohibición absoluta de la tortura, "como ha sucedido en otros casos de querellas por torturas y maltratos". "Hay que recordar que el estado español ha sido condenado por el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) hasta 13 golpes por no investigar debidamente denuncias de tortura", han incidido la CGT e Irídia en el comunicado.
Preocupación por la reacción de Grande-Marlaska
Las abogadas han apuntado como sería de grave que una denuncia como esta quedara sin investigar: "El uso de las relaciones sexoafectivas como medio para conseguir información y generando una profunda sensación de vejación, humillación y dolor, no se puede pasar por alto". En esta línea, han recordado que se trata de una persona que "estaba trabajando como funcionario público" y que "la actuación policial es muy grave y claramente supone un delito de maltratos policiales con componente sexual". Por otra parte, han destacado las "afectaciones psicosociales" que se derivan de estas relaciones "estratégicas y deliberadas".
La CGT e Irídia han remarcado su preocupación por la reacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que cerró filas con la policía española y no admitió la existencia de esta operación de Estado ni la necesidad de una investigación. De hecho, el Ministerio del Interior premió al policía infiltrado con un trabajo en una embajada y muy bien pagado. Pero no solo se ha comportado así con este caso, sino con los cinco casos descubiertos hasta ahora en Barcelona, Girona, València y Madrid. Entonces, las dos entidades han incidido en "la necesidad de depurar responsabilidades a nivel político": "El estado español ha atravesado todas las líneas rojas con respecto a la vulneración de derechos fundamentales, con la intención clara y premeditada de limitar el espacio de la sociedad civil y de los derechos cívicos". "Es imperativo llevar a cabo una investigación independiente exhaustiva y efectiva para clarificar los hechos de manera inmediata", han concluido, antes de asegurar que el caso "afianza una vez más la necesidad de que existan mecanismos independientes de control policial".