La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres de Catalunya (FAPEL) y la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Catalunya (CCAPAC), que engloban la mayoría de escuelas concertadas, han presentado este viernes al Departament d'Educació más de 154.000 alegaciones al proyecto de decreto de conciertos educativos que el Govern tiene previsto aprobar en las próximas semanas. Las familias rechazan el decreto porque consideran que supone un cambio de modelo y no tiene la financiación adecuada.

Hace dos semanas las mismas entidades presentaron delante el Departament cerca de 123.000 alegaciones al proyecto de decreto de la programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión, que a su parecer vulnera "el derecho a la libre elección de centro".

Los decretos

El avantprojecte de decreto de centros concertados prevé que los centros tendrán que matricular a niños en situación económica desfavorecida sin que tengan que pagar cuota y, como en el resto de escuelas, para mantener el concierto estos niños tendrán que representar el 10% de los alumnos en estas condiciones de su área educativa.

El decreto también prevé que Educació pueda cerrar grupos antes de ofrecerlos y obliga a que como mínimo el 60% de los alumnos del centro pertenezca a la zona educativa.
Calcula en 145 millones de euros la inversión necesaria para financiar la red concertada, aunque no están recogidos en el presupuesto 2020 para Educació. En paralelo el departament ha ultimado el decreto de admisión de alumnos para hacer un reparto equilibrado entre todos los centros de la red pública y concertada.

Tanto la FAPEL como la CCAPAC, que representan 366.000 alumnos, una tercera parte del sistema educativo de Catalunya, se muestran "plenamente de acuerdo" con el pacto contra la segregación escolar que firmaron pero sostienen que "sin los 154 millones de euros" y con l'infrafinançament de las plazas que sufren, tendrán que seguir cobrando las cuotas. "Entendemos que es un brindis al suele hacer unas medidas sin dotarlas a los presupuestos", ha denunciado Josep Maria Prats, presidente de FAPEL. "Vemos con los decretos ganas de modificar al modelo de colaboración publico-privada", lo que ha apuntado que "perjudica a todo el mundo".

El decreto de conciertos educativos establece nuevos requisitos en los centros si quieren mantener el concierto, sin embargo "no existe ninguna previsión de aplicación económica que permita hacer frente a unas nuevas condiciones que comportarán la retirada de los conciertos o un incremento de las aportaciones que tenemos que hacer las familias", ha añadido Prats.

Falta de diálogo

El presidente de FAPEL ha destacado que las alegaciones presentadas son "un porcentaje muy significativo del sistema educativo de Catalunya" y por eso ha reclamado "diálogo" al Departament d'Educació, que lamentan no se está produciendo. "Pidamos que se nos escuche y se enderece este decreto, no el qué sino el cómo se está haciendo", ha remachado. Ha afirmado que los dos decretos "limitan" la capacidad de escoger de los padres y por eso concluye que "generarán más segregación".