El Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha aprobado por 10 votos a favor y 7 en contra un aumento de la tarifa del agua de un 11,8% para el próximo año. Se trata de un incremento del servicio en alta, es decir, del precio que Aguas del Ter Llobregat (ATLL) cobra a las empresas suministradoras de Barcelona y su área, y que después varía en función de las necesidades de abastecimiento de cada caso. Con todo, según una estimación hecha por la ACA, supondrá un incremento aproximado de 10 cèntims/m3, lo que se traducirá en "un euro en el mes por familia".

La decisión se ha tomado este jueves en el marco del Consejo de Administración que la Agencia Catalana del Agua que ha abordado la revisión quinquenal del contrato de ATLL con respecto a la tarifa en alta. Esta es la que se aplica al agua que los ayuntamientos y las entidades suministradas reciben de la red Ter–Llobregat. Con respecto al recibo final que pagan los ciudadanos, lo fijan los ayuntamientos y las empresas suministradoras y según fuentes de la ACA "varía en función de la cantidad de agua contratada en la red". Con todo estiman que será aproximadamente de un euro mensual por familia.

Según han señalado fuentes del ACA, hasta el pasado 19 de diciembre el ente "revisó a fondo y con lupa aquellas partes de la fórmula del contrato donde se podía recortar para evitar una subida más elevada". Finalmente el resultado ha sido este incremento del 11,8% en frente del 15% que reclamaba la empresa concesionaria.

Impacto del artículo 155

La ACA ha apuntado que la aplicación del artículo 155 ha sido un factor determinante para que se haya producido este encarecimiento del servicio. El Govern en funciones había propuesto congelar o paliar esta subida a cambio de renunciar a una parte del canon de la concesión pero la decisión no se ha podido ejecutar. Los responsables de la ACA también han explicado que el cese del Govern de Carles Puigdemont ha hecho imposible que se pudiera cumplir el compromiso que este ejecutivo puso sobre la mesa de congelar la tarifa a cambio de renunciar a una parte del canon del agua.

"Sin capacidad de decisión política no se ha podido llevar a cabo la modificación del contrato de concesión por parte de la Generalitat en que la administración dejaba de percibir 7 de los 15 MEUR que le tocaba recibir en concepto de canon de concesión con el objetivo de evitar o minimizar un aumento de la tarifa", han apuntado desde la ACA. De esta forma finalmente se han aplicado las medidas previstas en las cláusulas del contrato de gestión de ATLL.

Asimismo han remarcado que, cuando se constituya el nuevo Govern, "se estudiarán las posibilidades para cumplir con los compromisos adquiridos durante 2017 con el objetivo de minimizar el impacto de los incrementos contractuales". Con respecto al canon del agua -que depende exclusivamente del ACA- queda congelado para el 2018 tal como ya se anunció.

Entidades tildan la subida "de inverosímil"

Aigua es vida y la Alianza contra la Pobreza Energética han considerado que este incremento que afectará a 4,5 millones de ciudadanos de todo Catalunya, es "del todo inverosímil". Míriam Planas, portavoz de Aigua es vida, se ha opuesto a la medida y ha recordado que "el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anuló la concesión en Junio de 2015". Al mismo tiempo ha remarcado el Tribunal Supremo también tiene que dictaminar la resolución definitiva sobre la privatización de ATLL que desde el punto de vista de Aigua es vida "puede significar la posible vuelta de la empresa a manos públicas hecho que haría bajar la tarifa del agua".

En esta línea la entidad ha criticado el incremento por la grave situación que sufren miles de familias en Catalunya. "No podemos olvidar que en el Área Metropolitana de Barcelona entre 2008 y 2016 se han ejecutado más de 75.000 recortes de agua y que hasta 2016 las familias más vulnerables han acumulado deudas de más de 16.000 facturas aplazadas", ha apuntado el colectivo que afirma que muchos ayuntamientos están haciendo frente a estas deudas para evitar los cortes de suministro.

Con respecto a la aplicación del artículo 155, Planas ha recordado que el compromiso de la Generalitat se adquirió el mes de diciembre de 2016. "Han tenido más de diez meses por poder aplicar esta congelación y por lo tanto no se puede atribiuir solo a la situación actual en que nos encontramos".