Las familias de los agentes rurales muertos en Aspa han presentado este lunes en el juzgado de instrucción de Lleida, a través de su abogado, a Pau Simarro, una querella criminal contra once cargos del Departamento de Agricultura de la Generalitat, entre ellos la consellera de Agricultura, Meritxell Serret, por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores en concurrencia con un delito de homicidio impudente.

Además de la querella presentada por los familiares, como acusación particular, se ha presentado otra querella igual en nombre y por encargo expreso del sindicato CCOO, ejercitando la acción popular. Aparte de Serret, se han querellado contra el secretario general del departamento; la secretaria general anterior; el director de Serveis; la subdirectora general de Recursos Humanos, Organización y Relaciones Laborales actuales y el anterior; la jefe del servicio de Prevención de Riesgos Laborales; la directora general de Forests; el subdirector general del cuerpo de Agentes Rurales; el inspector jefe del cuerpo de Agentes Rurales y la jefa del Servicio de Coordinación Administrativa de los Agentes Rurales.

En las querellas se les considera coautores principales en ambos delitos ya que legalmente están "obligados a facilitar protocolos, equipos y otras medidas de prevención de riesgos laborales por la seguridad y salud de los agentes rurales". "Lamentablemente, ha habido que esperar que tuviera lugar una desgracia de graves consecuencias para que el departamento actuara y decidiera que las patrullas fueran de tres personas en vez de dos, que las tres fueran con chalecos antibalas y que uno de ellas estuviera armada", recoge la querella.

En este sentido, prosigue el escrito, "el crimen del pasado mas de enero se podría haber evitado si los agentes rurales hubieran dispuesto de las medidas de protección e intimidación necesarias, ya que el primer tiro lo recibió uno de los agentes en la parte torácica, que habría sido cubierta por el chaleco y el tercer agente armado habría podido intervenir".

La querella también recoge que los representantes de los trabajadores hacía tiempo que alertaban que "se acumulaban incidentes con amenazas y agresiones recibidas" pero que "los altos cargos y cargos intermedios del departamento, a pesar de ser conocedores de la situación, se hicieron los sordos y miraron hacia otro lado". Es por eso que acusan los once cargos con responsabilidades en materia de seguridad laboral, vista su "inexplicable inactividad", desde hace años.