España no escucha a Europa. La abogacía de Barcelona ha alertado hoy que el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, que tiene que trasponer la Directiva UE 1023/2019 sobre Reestructuraciones y Segunda Oportunidad, no recoge lo que establece la directiva europea para que los empresarios y las personas dispongan de un procedimiento que pueda finalizar con la "plena" exoneración de las deudas. Uno de los escollos principales es que no se acepta exonerar la deuda pública y se pide que, ahora, en el debate en el Congreso de los Diputados, se modifique.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado hoy el proyecto de ley y el Colegio de Abogados de Barcelona, en un comunicado, sostiene que "se han detectado algunos elementos clave que tendrían que ser objeto de enmienda", a fin de que la nueva norma cumpla lo que fija la directiva europea, que es "la cancelación plena de las deudas". Si no, afirma la abogacía "se estará vulnerando el derecho a la Segunda Oportunidad tal como se ha regulado desde la introducción del mecanismo, en el 2015". Desde la abogacía se advierte que con el texto presentado, en la práctica, muchos ciudadanos, empresarios y no empresarios "quedarán excluidos del derecho a tener una Segunda Oportunidad". Y, por lo tanto, quien haya tenido un fracaso económico o empresarial "asistirá a su propia muerte civil", pasando a "engrosar la economía sumergida" y se habrá conseguido poner un techo de cristal a los emprendedores, que "por miedo de fracasar no se arriesgarán a iniciar aventuras empresariales, porque ante un error no hay una salida sostenible."

"Inseguridad jurídica"

El Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Consejo de la Abogacía Catalana crearon un grupo de trabajo, con jueces y otros operadores jurídicos, para impulsar la ley de la Segunda Oportunidad en Catalunya. Además, la Abogacía de Barcelona ha participado de forma activa, desde el verano pasado, en la redacción de propuestas al texto del anteproyecto. La Abogacía asegura "por su implicación a los concursos y por su función social y de garantía de los derechos de la ciudadanía", ha puesto el foco en la tramitación del texto, especialmente en la regulación de la insolvencia personal.

En este sentido, el abogado Martí Batllori, responsable del Grupo de Trabajo de la Ley de Segunda Oportunidad ICAB-CICAC, declara a El Nacional.cat que si el Gobierno no adapta la nueva ley a la directiva europea "se generará inseguridad jurídica, que perjudicará las inversiones y a las personas". Batllori detalla que se pueden producir criterios dispares entre jueces, y que algunos magistrados ya han adelantado que presentarán una cuestión prejudicial al tribunal europeo para que aclare las distintas interpretaciones. "La actual ley funciona, y bien, y pedimos que no se restrinja el funcionamiento de la ley actual", reclama el experto, que espera que en el debate político se aclare la normativa en favor de empresarios y las personas insolventes.

Un cambio positivo del proyecto de ley es que finalmente incluye que todo el mundo que cumpla los requisitos de la justicia gratuita la pueda solicitar. Por el contrario, no se acepta la exoneración de la deuda con Hacienda o la Seguridad Social, cuando "la directiva europea mantiene la puerta abierta", declara Batllori. En este sentido, la Abogacía de Barcelona asegura que "la sobreprotección del crédito público puede suponer una barrera al deudor para acceder a una verdadera exoneración y que con eso se evite su reincorporación en el circuito económico", y pueda volver a asumir todas las obligaciones tributarias y las aportaciones en el régimen de la Seguridad Social.

Sanciones

La abogacía también precisa que a pesar de la aparente simplicidad con que el legislador configura este tipo de procedimiento especial para las microempresas, estos son procesos de especial complejidad, y hace falta en todos los casos la asistencia letrada para garantizar el derecho de igualdad de las partes en el proceso judicial. Finalmente, se indica que la restricción que propone el proyecto en el acceso al mecanismo a las empresas y personas que tengan sanciones administrativas, infracciones tributarias y derivaciones de responsabilidad "se aleja de los principios de rehabilitación, de reinserción o de reeducación social que tienen que perseguir las normativas sociales modernas", especialmente si se tiene en cuenta que en el procedimiento concursal está la sección de calificación del concurso, que "es la vía legal adecuada para evitar el abuso de la norma por aquellos deudores que no son merecedores de esta Segunda Oportunidad".

Cifras

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que el número total de concursos presentados en el último trimestre de 2021 fue de 4.101, de los cuales 1.905 fueron en los juzgados mercantiles y 2.196 a las personas físicas no empresarias que se declaran en bancarrota en los juzgados de primera instancia. Se añade que esta cifra implica un aumento del 12,4% del total de concursos con respecto al mismo trimestre de 2020, y del 51% con respecto al 2019. Además, Catalunya sigue siendo el territorio donde más concursos se presentan en los mercantiles: 617, que representan un 32,4% del total. La siguen Madrid, con 344 concursos y El País Valencià, 245. Catalunya también lidera los concursos de personas que se declaran en bancarrota en el tercer trimestre del 2021: 582 casos, que representan el 26,5% del total. La previsión de los expertos es que la presentación de insolvencias en los juzgados se eleve a un intervalo de entre 12.000 y 14.000 casos en todo el 2021, que supondrá un 41% más que el año anterior. A pesar de este incremento, el Estado español todavía está lejos de los 81.563 procedimientos de insolvencia que registró Alemania a lo largo del 2020. El Colegio de Abogados de Barcelona, con su decana Mª Eugènia Gay, organizaron el febrero pasado el 1.º congreso Europeo de la Segunda Oportunidad.