El equipo de abogados del 9N, que lleva las defensas el expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, alega que la causa es "claramente política". Los letrados están a la espera de que el Tribunal Supremo acepte o no el caso. Esta semana el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ha llevado la investigación hasta ahora ha decidido enviar todo el sumario a Madrid. La posible imputación del exconseller de la Presidència Francesc Homs, que es diputado en el Congreso y por lo tanto aforado, ha hecho decidir al juez Joan Manel Abril derivar toda la causa al Supremo. El alto tribunal tiene que decidir ahora si sólo se queda la parte d'Homs y envía a Catalunya la parte de Mas, Ortega y Rigau o bien se lo queda todo.

El único punto a discutir, según explican a El Nacional fuentes de las defensas, es si el caso tiene que quedar todo en una pieza o hay que partirlo en dos. La lógica hace pensar que tendría que quedárselo todo el Tribunal Supremo. Pero no sería la primera vez que el Supremo divide la causa. Así lo hizo en el caso de los ERE de Andalucía. Mientras no esté resuelto, los abogados esperan sin tener preferencias. “Es un procedimiento puramente político y tanto da que lo resuelva uno u otro.”

Fuentes de la defensa confían en que “sea quien sea el tribunal, impartirá justicia y archivará la causa”. De hecho, los letrados creen que el caso se acabará archivando: “Creemos firmemente en nuestro escrito de archivo”, dónde argumentan que “los hechos no son constitutivos de delito”.

Los abogados presentaron el 8 de marzo el recurso para que se archive la causa. Prepararon el escrito de archivo pensando en la posibilidad de que Joan Manel Abril derivara la causa a Madrid y en que el Tribunal Supremo recibiera ya un argumentario defendiendo que no hay delito en la convocatoria de la consulta del 9N.

El papel de la Fiscalía

De lo que sí que se quejan fuentes de los letrados es del papel del Ministerio Público, que mantiene la acusación para llevar al banquillo de los acusados a Mas, Ortega y Rigau por malversación, prevaricación, usurpación y desobediencia.

El caso empieza a partir de la querella de la Fiscalía. Aunque en un principio los fiscales catalanes dijeron que no había delito, ahora mantienen la acusación. El ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce acabó imponiendo su criterio y el fiscal jefe de Catalunya, que estaba en contra, finalmente firmó la querella.

La decisión de presentar la querella chocaba con la posición de los nueve fiscales catalanes que se plantaron y dijeron que no veían motivos para denunciar a Mas. Argumentaban que la orden del Tribunal Constitucional que prohibía la celebración de la consulta del 9N no era concreta ni tampoco precisa, y no determinaba ninguna persona como responsable en caso de que se incumpliera. En aquel momento, sólo una parte de los fiscales de Barcelona, encabezados por la Fiscal jefe Anna Mª Magaldi estaban a favor de presentar la querella. 

El equipo de abogados del 9N atribuye el hecho de que la Fiscalía acabara presentando la querella a las presiones de la Fiscalía General del Estado y del gobierno español. Y por eso ninguno de los acusados responde en los interrogatorios a las preguntas del fiscal.

Estrategias judiciales

La causa salta al Tribunal Supremo porque Francesc Homs es aforado. Es sólo una parte. La otra, la que implica Mas, Ortega y Rigau, colgaba hasta ahora del TSJC porque Irene Rigau mantiene el acta de diputada. “Rigau no tiene ningún interés en dejar de ser parlamentaria”, dicen fuentes de la defensa. Y añaden: “No jugamos a estrategias para esquivar jueces”.

La defensa del 9N ve el caso como un “procedimiento claramente político donde no se pueden arbitrar mecanismos de derecho procesal normales”.

La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo que tiene que definir la causa. Si imputa a Homs, esta pieza se la queda seguro, pero el resto podría volver a Catalunya. El tiempo que tarde coincidirá con la formación del gobierno español y los planes de desconexión del Estado que promueve el gobierno de Carles Puigdemont.