El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el órgano del Estado que hace cumplir la Ley de Transparencia, ha acusado formalmente al Ministerio de Sanidad de hacer una gestión opaca de la crisis del coronavirus durante los meses del estado de alarma. Transparencia ha escrito 17 resoluciones en que critica el Ministerio de Salvador Illa y asegura que está "dificultando la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública”. 

A pesar de eso, Sanidad ha ignorado la mayoría de las peticiones de información de la ciudadanía y ni siquiera ha contestado al Consejo de Transparencia. De las 17 peticiones solo ha contestado a dos, y en las que contestó no se aportó la información que se solicitaba. 

En concreto, las preguntas que no ha querido responder Sanidad durante los meses de la pandemia son cuestiones como las reuniones que ha mantenido el ministro, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el material sanitario que se ha comprado, las actas de las reuniones del comité de expertos contra el coronavirus o datos relacionados con la pandemia.

Una ley parada 

Con la entrada en vigor del primer estado de alarma, el dia 15 de marzo, se congeló  la aplicación de la ley de Transparencia, pero varios meses después, el 1 de junio, se volvió a poner en marcha. A partir de ahí, ciudadanos y medios de comunicación presentaron solicitudes a Transparencia y este órgano las trasladó a Moncloa sin obtener respuesta. 

Según la ley, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla, por lo que podría ser objeto de irregularidad. Aún así, el proceso para obligar a un ministerio a entregar un informe o unos datos que Transparencia considera que deben ser públicos puede prolongarse durante años. Cuando este organismo estima una reclamación y la Administración incumple, la única posibilidad para el solicitante es acudir a los tribunales, un proceso al que la mayoría de solicitantes no llegan por el gasto económico que supone.