Altos cargos de Salut han declarado este viernes ante el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona que el bajo ritmo inicial en la vacunación contra la covid de policías nacionales y guardias civiles fue consecuencia de un retraso en la llegada del censo de los agentes. La secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, la directora de Organizaciones y Profesionales del CatSalut, Sara Manjón, el director de Servicios del Departamento, Xavier Rodríguez, y el director del CatSalut, Adrià Comella, han declarado como investigados por prevaricación y contra los derechos laborales este viernes a raíz de una querella de sindicatos policiales.

Denuncia de los sindicatos

Los sindicatos policiales, Jucil y Jupol, demandaron a la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el retraso en la vacunación de los Policías Nacionales y Guardias Civiles destinados a Catalunya. El tribunal catalán y el Supremo consideraron que si se había producido discriminación sobre los agentes. El diciembre pasado, la sala contenciosa-administrativa del TSJC consideró que Salud había retrasado injustificadamente la vacunación de los agentes estatales por detrás de los Mossos d'Esquadra y policías locales.

La Generalitat presentó un recurso al Supremo, que también fue rechazado. La sentencia del TSJC tenía en cuenta que "las vacunas en los cuerpos no nacionales empezaron a administrarse el 10 de febrero del 2021", mientras que los agentes de los "cuerpos nacionales" no tuvieron acceso hasta el 12 de marzo. "Es decir, con un mes de diferencia, y a un ritmo extremadamente lento. Sobra decir el carácter fundamental, de supervivencia, realmente, de la celeridad de vacunación para un personal expuesto de manera constante al contacto próximo con el ciudadano", indicaba la decisión.

El TSJC se refería a un informe del mismo Departamento de Salud, con fecha del 25 de abril del 2021, donde se detallaba el estado de la vacunación de los diferentes cuerpos de seguridad entre el 24 de marzo y el 22 de abril del 2021. "Las cifras no pueden ser más dispares si nos fijamos en el contraste del origen de los cuerpos: mientras que los no nacionales se mueven en una horquilla del 66,9 al 79,1%, los nacionales tenían un porcentaje del 3,6 y 2,8% el 24 de marzo y del 9,9 y 6,3% el 22 de abril del 2021", citaba el informe. En cambio, en el periodo del 10 de febrero al 27 de abril del 2021, de los cuerpos estatales fueron vacunadas 714 personas. La diferencia que denuncian, es que desde que se adoptó la medida cautelar, solo en 9 días, es decir, hasta el 6 de mayo del 2021, se vacunaron 4.806 personas.

Valoración de los sindicatos

Fuentes jurídicas y los portavoces de Jucil y Jupol, Milagros Cívico y Pablo Pérez, respectivamente, han indicado después de la declaración que Cabezas y los otros tres ex cargos de Salud solo han respondido en las preguntas de las defensas y del juez, pero no a las acusaciones representadas por los sindicatos policiales. De la misma manera, también han criticado que la fiscalía no haya asistido a la vista oral, cosa que enmarcan en "el abandono institucional" que dicen que sufren los agentes estatales en Catalunya. Según los dos portavoces, las declaraciones han estado muy vagas y no se ha podido aclarar si alguien dio la orden de ralentizar el procedimiento de vacunación y quien habría dado esta orden.

Por su parte, el Departamento de Salud no ha querido hacer ninguna declaración a los medios a la salida del juzgado, pero sigue defendiendo la profesionalidad de todo el equipo que ha participado en la campaña de vacunación, "que ha sido ejemplar en Catalunya y puesta como ejemplo por la misma OMS".