Se ve que es no a todo: la reforma del Poder Judicial no está aparcada, como decía El Mundo, ni avanza, como decía El Periódico. Ahora el gobierno español presiona al PP a que la acepte con una ley que impediría al Consejo del Poder Judicial nombrar cargos en la judicatura mientras tiene el mandato caducado, como ocurre hoy. No puedes culpar a nadie de que se entristezca ante este show. España es ese estado donde las actuaciones sensatas no son ordinarias, sino que tienen que estar obligadas por algún reglamento, de acuerdo con la tradición del derecho público: sólo se puede hacer aquello que está expresamente permitido, subvertida con el falso corolario de que si no está mandado, entonces no hay que hacerlo —y se aplica la ley de la selva.

Una cosa parecida pasa con la Navidad Covid que viene: parece que comportarse sensatamente y quedarse en casa es cosa que hace falta regular, establecer y mandar desde los poderes competentes, y hacerlo cumplir vía patrullas policiales, porque si no, ay, la ciudadanía está dispuesta a convertir la cena & comida de Navidad y Sant Esteve en un parque temático del virus, levantar fatalmente la curva y provocar una tercera oleada apocalíptica. Gracias por la confianza.

Naturalmente, este tema abre todos los diarios excepto La Vanguardia y los de la derecha madrileña, a los que inquieta más que el Poder Judicial caducado siga en activo porque son de los suyos (El Mundo), revestir a la corona de una infalibilidad que ni el Papa (La Razón) o acusar a los sindicatos de venderse al gobierno (ABC). Todo el mundo sabe que estos tres asuntos son infinitamente más importantes que las medidas y recomendaciones sanitarias de cara a las fiestas de Navidad.

Hoy hay que saludar el rediseño de El Periódico, del que la portada es una cata. Será posible hablar del esos cambios dentro de unos días, cuando se hayan rodado lo suficiente. Además de las restricciones navideñas, el tema estrella es un reportaje sobre el gasto al que la pandemia ha obligado a la Generalitat: 1.906,7 millones de euros en ocho meses, 1.213,3 millones en gasto directo sanitario y 693,4 millones de euros en gasto indirecto para contener las restricciones.

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