Ayer Pedro Sánchez habló hasta dos veces con Isabel Díaz Ayuso. El presidente español dio a la presidenta de la Comunidad de Madrid tres opciones para superar el veto del TSJM a cómo se ha hecho el confinamiento perimetral. La primera, que la Comunidad dicte una nueva orden amparada en la ley de medidas especiales en materia de salud pública. La segunda, que la Comunidad solicite la declaración del estado de alarma. Y la tercera, que lo declare el Gobierno sin solicitud previa. El Consejo de Ministros está convocado a las 12 del mediodía para aplicar el estado de alarma si no hay acuerdo con la Puerta del Sol. De momento no parece que tenga que haber ningún tipo de entendimiento. Desde La Moncloa avisan de que, si no actúan desde el gobierno autonómico, lo harán ellos con el estado de alarma.
La Comunidad de Madrid insiste en su plan inicial: no cerrar todo Madrid sino sólo algunos barrios, los que tienen más incidencia (los más pobres de la capital). El ejecutivo está preparando una nueva orden, según fuentes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que no especifican los términos. No obstante, en declaraciones a Onda Madrid, el consejero de Justicia, Enrique López, ha apuntado que la apuesta prioritaria del ejecutivo sigue siendo un confinamiento por áreas sanitarias, como hizo hace dos semanas.
Anoche el presidente Pedro Sánchez ya decidió convocar un Consejo de Ministros extraordinario en función de la respuesta de Isabel Díaz Ayuso al requerimiento. Ante la presencia de Sánchez en Barcelona, acompañando al rey Felipe VI, esta reunión de urgencia en La Moncloa estará presidida por la vicepresidenta primera Carmen Calvo. "Si la Comunidad no puede hacerlo, lo haremos nosotros", ha dejado claro la misma Calvo en una breve atención a los medios.
Justicia desigual
No es sólo una frase hecha: la justicia no es igual para todos. Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbaba el confinamiento perimetral de la capital española y nueve municipios de su área metropolitana. En cambio, hoy su homólogo en Castilla y León ha ratificado unas medidas idénticas para las ciudades de León, Palencia y San Andrés del Rabanedo. Según el breve comunicado del TSJCyL, las órdenes están "encaminadas a contener la pandemia". En cambio, el TSJM vio afectación de los derechos fundamentales.
El gobierno de Castilla y León decidió aplicar estas medidas de confinamiento porque estos municipios tienen una incidencia acumulada superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una positividad de las PCR superior al 10% y un nivel de ocupación de las UCI superior al 35%. En el caso de León, al superar los 100.000 habitantes, son de aplicación las medidas mínimas acordadas por el Ministerio de Sanidad inicialmente con la Comunidad de Madrid. En los tres municipios se restringe la entrada y salida excepto para aquellas excepciones contempladas por la orden.