Un primer paso. El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley para limitar la privatización de la sanidad pública, la llamada Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Entre otras cosas, es una norma que cierra la puerta a nuevos copagos y fija la prioridad de la gestión directa de servicios. "El objetivo fundamental es blindar la sanidad pública", ha destacado este martes a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Sin embargo, Unidas Podemos descarta dar apoyo al texto si no hay más garantías contra la privatización.
Una de las medidas más importantes del anteproyecto es que prioriza la gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios, cosa que Darias define como a "blindar" la sanidad pública. Todo, en un contexto en el cual varias comunidades tienen externalizados estos servicios. Recordamos que la gestión directa es aquella realizada directamente por las administraciones públicas. Así pues, se establecen excepciones para que la gestión de los centros sanitarios sea indirecta (mediante modelos privados) siempre cuando se haga desde una visión "complementaria y de apoyo". "Nunca sustituiría la pública", ha precisado a la ministra.
Gestión directa y copagos
Solo se podrá externalizar la gestión sanitaria cuando "no sea posible la gestión directa" y se motiven una serie de requisitos por parte de las autonomías, como "la optimización de recursos sanitarios" o la "insuficiencia de medios propios para prestar servicios". Será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el órgano que determine las pautas para aprobar que los servicios públicos les ofrezcan empresas privadas. Darias ha defendido que de esta manera "se respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas" y que el proyecto de ley se basa en el modelo de "cogobernanza".
El anteproyecto también elimina los copagos sanitarios, especialmente en transporte sanitario no urgente. Además, exime a los colectivos más vulnerables del copago sanitario para los productos ortoprotésicos como ya se hizo con los copagos farmacéuticos. Eso son las personas perceptoras del ingreso mínimo vital, los pensionistas con las rentas más bajas, los menores con discapacidad reconocida y las personas de rentas bajas por hijo a cargo. En total, unos seis millones de personas. Entonces, el Gobierno busca recuperar la cartera común de servicios única que incluya todas las prestaciones públicas. Lo quiere hacer evitando las discrepancias de prestaciones entre comunidades autónomas que provocan desigualdad entre los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia.
Diferencias al ejecutivo estatal
Con su aprobación, el Consejo de Ministros envía el proyecto de ley al Congreso de los Diputados para su trámite parlamentario. Un trámite que no será fácil, ya que Unidas Podemos reclamará modificaciones para restringir la privatización y ya ha advertido al PSOE que la ley no saldrá adelante si no hay cambios en este sentido. Esto es lo que ha dicho el portavoz parlamentario Pablo Echenique, que ha evidenciado una vez más las diferencias entre los integrantes del ejecutivo estatal.
La formación de izquierdas critica la ley porque los socialistas "siempre se han quedado a mediados de camino en defensa de la sanidad pública", pero Darias ha dejado claro que es una norma que ha contado con aportaciones de casi todos los ministerios. "Quiero decir, bien alto y bien claro, que nace del cumplimiento del programa de gobierno de progreso para garantizar la equidad, la cohesión y la universalidad de nuestro sistema nacional de salud, pero especialmente para ampliar derechos y devolverlos a la ciudadanía", ha afirmado. De hecho, ha añadido que la norma "amplía derechos" que el ejecutivo del PP "había eliminado" y "va más allá".