La Conselleria de Sanitat del País Valencià tendrá que indemnizar a los médicos que durante la primera ola de la pandemia, trabajaron sin los equipos de protección adecuados, conocidos como EPI (equipos de protección individual). Así lo ha decidido el Juzgado de lo Social número 5 de Alacant, que ha condenado a Sanitat a indemnizarlos con entre 5.000 y 49.180 euros, dependiendo del grado de riesgo en qué estaban expuestos. Este auto afecta directamente a 154 trabajadores de alacant, que habían presentado reclamaciones por haber trabajado desprotegidos entre los meses de marzo y junio de 2020, la primera ola de la pandemia, y que habían presentado reclamaciones en una querella articulada desde el Sindicato de Médicos.
En el auto, el juzgado ha señalado que la Conselleria de Sanitat tiene la "obligación", siguiendo la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de "adoptar medios y medidas de protección tanto colectivos como individuales". La sentencia, que todavía no es firme y contra la cual se puede presentar un recurso, estima parcialmente las pretensiones de los demandantes, que aseguraban que la Administración había incumplido sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales "con un grave riesgo para la seguridad y la salud del personal sanitario".
3.000 peticiones
Esta sentencia es especialmente importante, ya que abre la puerta a que todos los sanitarios que trabajaron en las mismas condiciones de desprotección en cualquier punto del Estado durante los meses iniciales de la pandemia puedan presentar una denuncia y ser indemnizados como en el caso de los médicos de Alacant.
Según ha podido confirmar el diario El Español, ahora mismo hay 3.000 peticiones de indemnizaciones de trabajadores de todo el País Valencià. Guillermo Llago, el abogado de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos asegura que cualquier profesional que hizo trabajo durante la primera ola a primera línea, sin los materiales adecuados de protección puede presentar una demanda en los mismos términos. Aparte de estos 3.000 trabajadores valencianos, los sindicatos tienen constancia que se han presentado denuncias similares en otras autonomías.
Sufrimiento y angustia
La sentencia del juzgado de Alicante es muy dura contra la Conselleria de Sanitat valenciana, asegurando que incurrió en un "cumplimiento tardío y defectuoso de las medidas de prevención de riesgos laborales". Esta, supuso un "evidente daño moral o inmaterial en prejuicio de los trabajadores demandantes, traducido en el sufrimiento y angustia que suponía trabajar en condiciones insuficientes desde el punto de vista de la seguridad, con riesgo y peligro para su salud y la de las personas próximas a ellos", añade el juez.
Además, el juez ha justificado su decisión por el hecho de que eran (y son) las autonomías las que tienen las competencias de Sanidad. En este caso, la Conselleria de Sanitat, "como empleadora y deudora de seguridad, era la responsable del cumplimiento del marco normativo de prevención de riesgos laborales de sus trabajadores sanitarios", recoge la sentencia. Con todo, "ha quedado acreditado que las medidas fueron insuficientes para garantizar la seguridad de los empleados", por ejemplo, durante los meses de marzo, abril y mayo del 2020, el personal sanitario de Alicante solamente tenía acceso a una mascarilla por semana, dice el juez.