Un 10% de catalanes, unas 780.000 personas, dejaron de comprar medicamentos y seguir tratamientos en el 2018 por problemas económicos y el elevado coste de la vivienda condenó a casi un millón a vivir en situación de pobreza severa, según el Informe de Exclusión y Desarrollo Social en Catalunya de la fundación FOESSA.

El informe, que ha presentado este miércoles el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, destaca que la pobreza severa en Catalunya no ha dejado de crecer desde el 2013 y que es muy superior a la media española. Omella ha calificado los datos de "realmente preocupantes" y ha destacado que muchas personas no han notado los efectos de la recuperación económica porque se ha instalado la precariedad laboral, que ha tildado de "injusticia social".

El presidente de Cáritas, Francesc Roig, ha explicado que los últimos cinco años el eje Mediterrani-Sud se ha convertido en la zona con más riesgo de exclusión social por los recortes en servicios públicos fundamentales como la educación o la sanidad. "Un retrato de la factura social que cruzamos es el cambio en la distribución territorial de la exclusión social", ha añadido.

Según ha explicado el responsable del equipo de estudios de Cáritas, Raúl Flores, los datos de pobreza severa en Catalunya han aumentado a un ritmo superior a la media española por un aumento pronunciado de la precariedad laboral y el precio de la vivienda.

En el caso de la vivienda, el número de personas en situación de pobreza severa aumenta un 12,4%, una vez han pagado todos los gastos de alquiler y similares, es decir, personas que aparentemente no viven en riesgo de exclusión social pasan al grupo más afectado una vez pagan sus facturas. Este perfil de ciudadano atraviesa un gran estrés porque, según recoge el informe, 300.000 personas en Catalunya viven con la inseguridad constante de no saber si los harán fuera de casa.

En materia laboral, la tasa de paro, que durante el primer trimestre del año se situó en 11,5%, mientras que en el 2007 era del 6,7%. Según la representante de la comisión de acción social de Cáritas, Miriam Feu, el problema mayor del empleo en Catalunya es el renombre "parcialidad involuntario", que afecta a todas aquellas personas que se ven obligas a aceptar una jornada reducida porque no encuentran un trabajo a jornada completa.

Al lado de eso, ha añadido, la temporalidad también supone un grave problema, ya que el 26% de las personas que tienen un contrato laboral de carácter temporal atraviesan una situación de exclusión social.

Aumento de la exclusión social

La crisis económica no es la única causa que hay detrás del aumento de la pobreza en Catalunya, ya que, según ha afirmado Flores, actualmente hay 1,2 millones de personas más en riesgo de exclusión social que el 2007 en todo el territorio español. "Atravesamos un momento de incertidumbre, ya que dos de cada tres personas considera que ha experimentado un deterioro en sus condiciones de vida durante el último año", ha explicado.

La pobreza en los hogares afecta directamente a los menores de edad, un grupo en lo que porcentaje de exclusión ascendió hasta el 22% en el 2018, convirtiéndolos en uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad catalana. El Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Catalunya, que se publica cada cinco años, ha contado con el trabajo de 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones, que han tenido en cuenta 35 indicadores diferentes.