El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves destituir al comisario A.J.R.S., condenado en firme por el Tribunal Supremo y por la Audiencia de Guipúzcoa como autor de un delito de acoso sexual, pero que sin embargo lideraba la Brigada Regional de Policía Judicial de Aragón. Quien lo había escogido para el cargo fue Juan Ignacio Zoido, cuando estaba al frente del ministerio, según adelanta Público.

El hombre llevaba varios meses dirigiendo a la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Aragón, en la cual se integra la UFAM (Unidad de Familia y Mujer), que lucha en contra de la violencia machista. Ahora, será trasladado a otra unidad en Zaragoza, al considerar que este antecedente, a pesar de haber cumplido la condena, lo sitúa como no idóneo para el puesto.

El comisario, entre finales de los años noventa y principios de los 2000, estaba destinado como inspector jefe en Guipúzcoa, donde dirigía la unidad de antidisturbios. Allí, según explica la sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa ratificada por el Supremo, "empezó a requerir (...) para que mantuviera relaciones sexuales" con él a una agente "desde el momento de su incorporación" a la unidad, a principios de 1999.

Chantaje

El hombre le decía que él había hecho trámites para que ella pudiera incorporarse a la unidad. Le ofrecía dietas, permisos y facilidades para ascender si aceptaba mantener relaciones sexuales con él y, en caso de que no lo hiciera, la amenazaba con convertirla "en su enemiga, con lo que eso suponía en la relación jefe-subordinado".

La mujer se negó y acabó sufriendo un trastorno de ansiedad crónico y uno de hipoactividad e hiperactividad como consecuencia de los "comentarios de carácter vejatorio en relación a la anatomía de la misma y su menstruación" que el comisario hacía incluso delante de terceras personas. El hombre también le dio una cachetada en el culo durante una comida de la unidad.

A pesar de las peticiones de inhabilitación, la Audiencia sólo le impuso en junio del 2003 una multa de 1.080 euros y la obligación de indemnizar con 3.000 euros a la agente, sin inhabilitarlo para trabajar como policía. El caso llegó al Supremo, que ratificó la sentencia y derivó en un expediente disciplinario para el inspector jefe. Este expediente y los antecedentes no impidieron que el comisario fuera ascendido por Zoido 18 años después del caso de acoso.