El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha incluido como investigados dentro de la operación Lezo al exministro de Trabajo durante el segundo mandato de José MAría Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y al empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL. La lista de investigados asciende a 60 y el magistrado también ha incluido entre ellos al que fuera viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid e imputado en la Gürtel, Alberto López Viejo.

La citada operación se inició el pasado miércoles 19 de abril con la orden para detener a 12 personas, entre las que se encontraban el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero.

Detención de Javier López Madrid

A estos detenidos se añadió uno mas el pasado viernes, con la detención del consejero de OHL, Javier López Madrid. No obstante, de esos trece, tres fueron puestos en libertad y dos se encuentran en el extranjero. Las acusaciones contra los detenidos son por los delitos de malversación, organización criminal, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude.

Sin embargo, la acusación del juez se dirige contra un total de 60 personas, según consta en el auto remitido por el citado magistrado a los registros de la propiedad, con el fin de embargar los bienes de algunos de ellos.

Eduardo Zaplana (Cartagena, 1956), fue presidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002, cargo que dejó para convertirse en ministro de Trabajo hasta 2004, cargo que combinó, desde 2003, con el de ministro portavoz.

Con el nombre de Operación Lezo se conoce la causa abierta por la Audiencia Nacional por la presunta corrupción en la empresa pública de aguas Canal de Isabell II de Madrid. El origen del caso se sitúa en el mismo Consejo de Administración de la empresa, con una fuerte representación fiel a Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que llevó ante la Fiscalía una de las operaciones más polémicas de la empresa pública: la compra de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construccoes por un precio superior al valor real.