El nuevo alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP), tendrá que declarar este martes como testigo en el juicio que la Audiencia de Barcelona celebra contra un exconcejal de su equipo cuando estaban en el gobierno, David Gómez. Gómez, expulsado del PP, y una decena de empresarios e implicados están acusados de participar en una trentena de obras ilegales entre el 2011 y 2012. La Fiscalía solicita que Gómez sea condenado a 2 años y tres meses de prisión por el delito de prevaricación y fraude a la administración.  Por estas obras, las empresas reclamaron al consistorio unos 953.781 euros, que no abonó.

El juicio ha empezado este lunes en la sección 7.ª de la Audiencia de Barcelona y en esta sesión Garcia Albiol, que ha revalidado la alcaldía (ahora con mayoría absoluta), se ha retirado como acusación particular. Se presentó aparte del Ayuntamiento de Badalona, aunque con el mismo abogado, el penalista Josep Riba, que sigue defendiendo los intereses del consistorio.

Muerte de un perito

En la vista, el tribunal ha desestimado suspender el juicio, extremo solicitado por la Fiscalía, a causa de la defunción del perito que hizo el informe sobre las obras encargadas, y quería que se nombrara uno de nuevo por parte del Colegio de Ingenieros. El tribunal ha indicado que, como las partes no lo impugnaron, lo da por bueno, como permite la ley. Y es que el juicio está programado hasta finales de junio, y la Fiscalía ya pide que se aplique a los acusados una atenuante de su castigo por dilaciones indebidas del procedimiento.

Adjudicaciones a dedo y con sobrecoste

David Gómez fue nombrado regidor de Servicios Sociales y Salud, el verano de 2011, así como vicepresidente del Instituto Municipal de Servicios Personales, y responsable del distrito 6 de Badalona, hasta octubre de 2012. En el escrito de acusación, la fiscal afirma que Gómez, a pesar de que sabía que se saltaba la normativa de contratación, “contrató de manera verbal, sin informes técnicos, que justificaran la necesidad de las obras, y sin ningún procedimiento”. Añade que “se concertó con las empresas para hacer obras mayores y menores” en varios locales de titularidad municipal, la mayoría en el distrito 6, que aglutina los barrios de Artigas, Sant Roc y El Remei.

La fiscal detalla, en el escrito de acusación, que los acusados entregaban directamente a mano o por correo electrónico las facturas, en las cuales señalaban un concepto que no siempre correspondía con la realidad de las obras realizadas y “siempre indicando un coste por encima del precio de mercado o fraccionando deliberadamente el objeto del contrato”, para saltarse la normativa.

Obras particulares


Además, la fiscal precisa que algunas de estas obras no se hicieron en locales ni en la vía pública, sino en viviendas particulares de los acusados, como por ejemplo una factura de 13.325 euros. Uno de estos trabajos se hizo en casa de una excoordinadora del PP.