Vox continúa la guerra contra la amnistía. Incluso antes de que se haya aprobado. La formación liderada por Santiago Abascal ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional con el objetivo de “paralizar de forma inmediata” la reunión de la Comisión de Justicia convocada para el jueves en la que se tendrá que debatir y votar el nuevo dictamen de la proposición de ley de amnistía. Vox ha interpuesto el recurso contra la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de devolver la iniciativa a la Comisión de Justicia, contra el acuerdo de la Mesa que ratificó esta decisión y contra el acuerdo de la Mesa de Justicia de convocarla para este jueves. Además, ha enviado un escrito en el mismo sentido a la Mesa del Congreso y a la Mesa de la Comisión de Justicia (presidida por el socialista Francisco Lucas).
El partido de extrema derecha va un poco atrás en el tiempo y se retrotrae al retorno del texto de la amnistía a la Comisión de Justicia. Es lo que prevé el artículo 131 del Reglamento del Congreso, que fija que una ley orgánica no consiga la mayoría absoluta del pleno en una votación final sobre el conjunto del texto “volverá a la Comisión, que tendrá que emitir un dictamen nuevo en el plazo de un mes.” Y eso es lo que pasó el 30 de enero y permitió a Junts y al PSOE ganar más tiempo para negociar (al principio quince días y finalmente un mes entero). El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha calificado esta interpretación del Reglamento de la Cámara Baja de “arbitraria, injusta e ilógica”. Para la formación ultra, la única posibilidad es “la desaparición en la historia jurídica constitucional española de esta proposición”, dado que “fue votada en contra por mayoría absoluta del Pleno”. Es el mismo argumento que esgrimió el PP después de la votación. Vox sostiene que se vulneró el ius in officium de sus diputados y apunta que su lectura del Reglamento es “coherente con el sistema de mayorías que se utiliza como control y garantía de legalidad y de manifestación de la voluntad mayoritaria a través de la representatividad parlamentaria”.
Buxadé ha apuntado que la medida “cautelarísima” que reclama Vox tiene razón de ser porque, en caso de que no se suspenda la reunión de la comisión de 7 de marzo o el futuro pleno (previsto para la semana que viene), el recurso perdería su “finalidad legítima”. El dirigente de Vox ha esgrimido que en el recurso hay apariencia de “buen derecho”, no hay peligro de “mora procesal” y “no perturba ni intereses generales ni de parte”. Asimismo, Vox puntualiza que este recurso no quiere entrar a valorar la constitucionalidad de la ley de amnistía, ya que Vox no confía en un TC “politizado” y “en manos” de Cándido Conde-Pumpido para que no se pueda aprovechar este recurso para “hacer manifestaciones en cuanto a la constitucionalidad de la ley”.
La Comisión de Justicia se reúne el jueves para votar el nuevo texto de la amnistía
Todavía sin confirmación pública del acuerdo entre Junts y el PSOE, el presidente de la Comisión de Justicia la convocó para el 7 de marzo. Eso hacía entrever una posibilidad de acuerdo, dado que el PSOE se negaba a perder una nueva votación sobre la amnistía y aseguró hace unos días que solo llevaría la norma a votación en caso de alcanzar un acuerdo con los de Carles Puigdemont. De rebote, desvanecía las dudas sobre si haría falta una nueva prórroga para negociar la norma durante más tiempo. En los últimos días, varias fuentes conocedoras de las negociaciones mostraban actitudes satisfactorias sobre el avance de las conversaciones.
Vox reclama a la presidenta del Parlamento Europeo que retire a Puigdemont el acta de eurodiputado
Jorge Buxadé también ha enviado una carta a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, pidiendo que retire la condición de eurodiputado a Carles Puigdemont después de que el Tribunal Supremo decidiera abrir una causa por terrorismo contra él por el caso del Tsunami Democràtic. Buxadé sostiene que la implicación de un eurodiputado en “delitos de esta magnitud” es “un desafío directo a la seguridad y el orden público” y “socava los cimientos sobre los cuales se erige la Unión Europea”. “Permitir que un individuo investigado por estos crímenes siga ocupando su escaño sería un agravio a las víctimas del terrorismo y una ofensa a los principios de justicia y seguridad que todos nos hemos comprometido a defender”, afirma.