La acusación popular que ejerce el partido Vox plantea que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro testifiquen en el juicio a la cúpula del proceso soberanista, para la cual pide penas de hasta 74 años de prisión.

En su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Efe, Vox también propone que comparezcan como testigos en el juicio el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, así como el exconseller de Interior Jordi Jané y el exdirector de los Mossos Albert Batlle que dimitieron dos meses antes del 1-O.

Este partido también pide la testifical del diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, del exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo, del presidente del Parlament, Roger Torrent, del que fue responsable del dispositivo policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, del actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, del exlíder del PDeCAT Marta Pascal y de los exdiputados de la CUP Eulàlia Reguant, Gabriela Serra y Antonio Baños.

Además, solicita que en el juicio en el Tribunal Supremo comparezca como testigo el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, para a quien la Fiscalía pide 11 años de prisión por rebelión en la causa que tiene abierta en la Audiencia Nacional.

Otros testigos que plantea Vox son los comisarios que integraban la cúpula de los Mossos al lado de Trapero: Ferran López, Joan Carles Molinero, Emili Quevedo y Manuel Castellví, imputados por un juez de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) por su papel el 1-O.

Vox también propone la testifical de exconsellers del Govern que abandonaron su cargo meses antes del 1-O, como Neus Munté, Meritxell Ruiz y Jordi Baiget, así como del exdiputado de JxSí Lluis Llach, que preside el Consejo Asesor para el Impulso del Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente.

También solicita que sean citados como testigos en el juicio los principales colaboradores de Oriol Junqueras durante su etapa como vicepresidente de la Generalitat, Josep Maria Jové y Lluis Salvadó, que fueron detenidos en la operación de la Guardia Civil del 20 de septiembre del 2017 contra los preparativos del 1-O, así como el exsenador de ERC Santiago Vidal y el jurista Carles Viver i Pi Sunyer.

Por su parte, la Fiscalía, que pide penas de hasta 25 años de prisión, plantea en su escrito un total de 256 testimonios, entre ellos el centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que quedaron heridos el 1-O y los que entonces eran los máximos responsables de los dos cuerpos en Catalunya: el comisario Sebastián Trapote y el general Ángel Gozalo.

También solicita la testifical de los mandos y agentes de la Guardia Civil que participaron en el registro de la sede de la conselleria de Economía el 20 de septiembre del 2017, en el cual miles de personas bloquearon el acceso al edificio para protestar contra la labor de la comitiva judicial.

En la parte de su escrito en la cual propone las testificales, a que ha tenido acceso Efe, el ministerio público también solicita la comparecencia de exletrado mayor del Parlament Antonio Bayona -que renunció al cargo en junio pasado, después de haber cuestionado el referéndum unilateral-, y el secretario general del Parlament, Xavier Muro.

Además de la testifical de Pérez de los Cobos y de Millo, también propuesta por Vox, la Fiscalía solicita la declaración en el juicio como testigo del exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, y el exsecretario general técnico del Ministerio del Interior Juan Antonio Puigserver.

El que era subsecretario del Ministerio de Hacienda cuando ocurrieron los hechos, Felipe Martínez Rico, también figura en la relación de testigos que propone la Fiscalía.

Otros testigos que quiere oír en el juicio el ministerio público son los miembros de la Mesa del Parlament durante la pasada legislatura José María Espejo-Saavedra, de Ciutadans, y David Pérez, del PSC, así como el entonces director de la Delegación de la Generalitat ante de la Unión Europea, Amadeu Altafaj, y el responsable del Diplocat, Albert Royo.

La Fiscalía también propone la testifical de Helena Catt y Wim Kok, portavoces del equipo internacional de expertos electorales internacionales contratados por la Generalitat para actuar como observadores del 1-O.

El ministerio público solicita también la comparecencia, en este caso como peritos, de los agentes de la Guardia Civil que analizaron los documentos que se intervinieron en Jové y Salvadó durante el registro en la Conselleria de Economía, entre ellos el documento "Enfocats" y la libreta "Moleskine" en los cuales se detalla la hoja de ruta para la independencia

 

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