Vox ha proporcionado, sin pretenderlo, una batería de munición al Govern para defender ante el Tribunal Constitucional (TC) el Fondo Complementario de Riesgos que creó la conselleria de Economia, que encabeza Jaume Giró, para avalar las fianzas de los exaltos cargos perseguidos por el Tribunal de Cuentas. Las alegaciones que el Govern ha presentado para apoyar el decreto ante el TC han aprovechado los argumentos que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) esgrimió el pasado 14 de noviembre para inadmitir la querella que Vox presentó contra Giró i contra el president, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, acusándolos de prevaricación y malversación.
A aquella querella de Vox ante el TSJC se sumó con sendas denuncias Convivencia Cívica Catalana y el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. El TSJC, sin embargo, decidió no admitir a trámite la querella ni las denuncias con el argumento que los hechos que denunciaban no constituían delito, por lo cual se archivó la causa.
Jaume Giró, Pere Aragonès y Laura Vilagrà, contra los cuales Vox dirigió su querella, en el Pati dels Tarongers / Jordi Bedmar
Buena parte de los argumentos que se desgranaban en aquel auto del TSJC aparecen ahora en el escrito de alegaciones que la semana pasada, en pleno puente de la Constitución, presentó el Gabinet Jurídic de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional, para oponerse al recurso que más de una cincuentena de diputados de Vox en el Congreso presentaron contra la creación del Fondo Complementario de Riesgos aprobado por el Govern.
TSJC, Consell de Garanties y abogado del Estado
Las alegaciones del gabinete jurídico de la Generalitat rechazan los supuestos de inconstitucionalidad que argumenta Vox en su recurso ante el TC. Lo hace recogiendo el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que avaló el texto antes de su convalidación en el Parlament y el informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas, pero también ha incluido el informe de la Fiscalía del TSJC recomendando la inadmisión a trámite de la querella de Vox y el auto del Tribunal del 17 de noviembre pasado sobre la inadmisión a trámite de la querella.
El texto recoge parte de las consideraciones en que el TSJC sustenta el rechazo de los argumentos de Vox, en el sentido de que la norma ha sido dictada al amparo de las competencias estatutarias y tiene una vocación de generalidad y rechazando que exista malversación de caudales por administración desleal. "Nada permite afirmar que el marco legal aprobado por el Govern de la Generalitat sea arbitrario por él mismo", añadía el auto del TSJC que cita el Govern.
Asímismo, recuerda que el Tribunal considera que el decreto ley deja claros su objetivo cautelar y su naturaleza como fondo complementario. "La norma, en fin, es la expresión de la discrecionalidad política del órgano emisor en el ejercicio de su potestad normativa", concluía el TSJC, según recuerdan las alegaciones.
Jurisprudencia del Supremo
En respuesta a las acusaciones de Vox, las alegaciones del Govern recuerdan que el decreto ley del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat se sustenta en los principios de protección e indemnidad de los servidores públicos, regulado por la legislación estatal. Recuerda que el principio de indemnidad en relación al ejercicio de funciones públicas comporta que "ningún servidor público se puede ver perjudicado como consecuencia del ejercicio legítimo del cargo público que ocupa" y que este principio ha sido consolidado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Subraya que este derecho a la protección se hace extensible también a directivos, altos cargos y miembros del Govern de la Generalitat y que no hay ningún impedimento constitucional, estatutario o legal.
De hecho, el documento, que cita los ejemplos de otros territorios del Estado sobre la cobertura de que se brinda a altos cargo, recuerda que la Generalitat está obligada por ley a establecer un sistema de cobertura de responsabilidades mediante un seguro de responsabilidad civil.
El Govern justifica también la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad para aprobar el decreto; destaca la adecuación de las medidas adoptadas por el Decreto ley; se subraya que no es norma de destinatario único y que obedece a "la exclusión sobrevenida" de determinados riesgos en las pólizas de seguros suscritos por la Administración. Además, señala que no es una norma que responda a un supuesto singular sino que su vocación es de "generalidad y permanencia".
El texto se ampara en los escritos de la Fiscalía y el auto del TSJC para negar la arbitrariedad que denuncia Vox, y recuerda que tanto el fiscal como el tribunal coinciden en afirmar que el decreto ley se limita a aplicar "el principio de indemnidad y protección de los servidores públicos". Asimismo, rechaza que se haya vulnerado el principio de división de poderes y que se ataque la exclusividad de la función jurisdiccional del Poder judicial y el Tribunal de Cuentas, como esgrime Vox. De nuevo en este punto señala los argumentos expuestos por el TSJC.
En la imagen principal, el conseller de Economia, Jaume Giró, durante el debate del Fondo Complementario de Riesgos en el Parlamento de Catalunya / Sergi Alcàzar