El Consell de Garanties Estatutàries ha mantenido suspendido durante horas el pleno del Parlament esta tarde, a la espera del informe sobre el decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos con que el Govern ha avalado las fianzas de algunos de los 34 exaltos cargos encausados ante el Tribunal de Cuentas. La votación del decreto ley estaba prevista para hoy pero el informe no ha llegado hasta las seis de la tarde y el pleno se ha tenido que suspender al mediodía. Finalment el Consell ha avalado por unanimidad el decreto a pesar de señalar algunas "recomendaciones".

Según el informe, de 74 páginas, incluye seis conclusiones todas ellas aprobadas por unanimidad. En la primera se subraya que el decreto no vulnera el Estatut en relación a la necesidad de la aprobación "extraordinaria y urgente", como cuestionó el PSC. Tres de las conclusiones descartan ninguna vulneración de la Constitución de las que se habían planteado.

Además, el Consell de Garanties considera que la Generalitat está "habilitada para crear un instrumento de protección de sus servidores públicos", como es el caso de este Fondo.

En el último punto, el informe recomienda en referencia a los artículos 4 y 5 mejorar la "calidad normativa" del decreto y "desvanecer de manera expresa determinadas dudas que suscita el redactado actual. Estos artículos se refieren a las condiciones para solicitar la cobertura del Fondo y a la obligación de devolver el dinero en caso de que haya una sentencia condenatoria. Lo mismo plantea en relación a la disposición transitoria, dónde aparece la referencia al ICF, donde reclama aclaraciones de carácter técnico.

 

Aunque el informe no es vinculante, la votación del decreto ley no se podía llevar a cabo hasta que el Consell diera a conocer su decisión, después de que los grupos de PSC, PP y Ciutadans lo habían solicitado.

A partir del momento en que la resolución ha llegado al Parlament, se ha hecho llegar a los grupos. La Mesa había fijado un plazo de una hora y media para convocar el pleno en que se tendrá que ratificar el decreto ley.

La decisión del Consell llega justo en el momento en que el Tribunal de Cuentas ha pedido a la Abogacía del Estado un informe sobre diferentes cuestiones relacionadas con el principio de indemnidad en que se sustenta el decreto amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El Tribunal de Cuentas ha pedido este informe al abogado del Estado después de que 29 de los 34 exaltos cargos encausados han cubierto sus fianzas con los avales del Instituto Catalán de Finanzas a través del Fondo Complementario creado por el Govern.

Aunque la voluntad inicial del ejecutivo era que fuera alguna gran entidad financiera quien cubriera los avales del Fondo, la imposibilidad de cerrar ningún acuerdo en este sentido, obligó al Govern a recurrir al ICF, lo cual provocó la ruptura del consejo de gobierno de este órgano.

 

En la imagen principal, el presidente, Pere Aragonès, y el conseller de Economía, Jaume Giró, durante el pleno del Parlament de esta mañana / Sergi Alcàzar