Nueva ofensiva de la ultraderecha. Vox ha presentado este miércoles un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que aprobó hace unos meses el Govern de la Generalitat. El líder estatal de la formación, Santiago Abascal, ha comparecido delante de las puertas del Tribunal Constitucional acompañado del líder en el Parlament, Ignacio Garriga, y el secretario general, Javier Ortega Smith, para cargar contra la medida que, después de recibir el visto bueno del ejecutivo, fue validado por la cámara catalana a finales de junio con los votos de Esquerra Republicana, Junts y los comuns. Con la normativa, se pretendía evitar que se fijaran porcentajes en la educación en Catalunya y se atribuía al conseller Josep Gonzàlez-Cambray toda la responsabilidad de validar los proyectos lingüísticos. Solo unas semanas antes, el Parlament aprobaba el acuerdo del catalán pactado por las mismas tres formaciones y también el PSC.
A finales de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya acordaba plantear al Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad con respecto al mismo decreto ley. Ante esta reacción judicial, el Partido Popular y Ciudadanos aprovechaban para salir en defensa del castellano en las aulas catalanas con una alianza que llevaba la normativa al Constitucional. El recurso de los dos partidos españolistas afectaba los artículos que fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como a los referidos al uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. Además, criticaba que el decreto omite cualquier referencia al castellano como lengua vehicular.
40 recursos al TC
Vox decidió no unirse al PP y a Cs en aquella ocasión, pero ahora ha decidido ir directamente y seguir el mismo camino. Después de presentar su recurso número 40 ante el TC, Garriga ha acusado al independentismo de mantener su "rebeldía" e intentar incumplir al 25% de castellano, "vulnerando los derechos" de la sociedad catalana. "Con este recurso, Vox demuestra que no dará un paso atrás. Seguiremos dando la batalla a los tribunales, a las calles y a las instituciones para garantizar que nuestros hijos puedan estudiar en castellano", ha defendido. Por su parte, Abascal ha cargado con una dureza habitual contra el independentismo. "El problema es que ellos dan golpes de estado, pisan los derechos de las personas, desobedecen las sentencias de los tribunales", y ha aprovechado también para señalar al PSC, tildándolo de "socio" del independentismo.
El recurso de la ultraderecha se fundamenta en varios puntos, como por ejemplo alegando que el gobierno catalán "no puede dictar un decreto ley que afecte los derechos, deberes y libertades" recogidos en la Constitución. Según Vox, el decreto choca con el artículo 23 que la carta magna, que "no comprende el derecho a recibir la educación únicamente en una de las lenguas cooficiales de la Comunidad, pero sí que comprendre el derecho de los ciudadanos a conocer el castellano". Además, acusan a la Generalitat de "violar la delimitación de competencias" porque, en palabras de la formación, corresponde al Estado que todos los alumnos reciban una formación común. Finalmente, avisan de que la medida va contra el artículo 24 de la Constitución, según el cual "se consagra el derecho a la ejecución de las sentencias y las resoluciones judiciales".