Cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han enviado un escrito al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en el que denuncian la reforma del delito de malversación. Los firmantes son algunos de los miembros más conservadores de este órgano judicial y han cargado con fuerza contra las acciones del Gobierno más allá de la reforma de la malversación, la cual han afirmado que "supone un paso atrás y un debilitamiento de la capacidad del Estado para luchar contra la corrupción de los altos cargos públicos", según adelanta El Confidencial.
El escrito sostiene que la reforma "debilita el efectivo control que los fondos públicos se asignan a las finalidades realmente previstas a las leyes y a los presupuestos, con el perjuicio que eso ocasiona a la calidad del Estado de derecho en España." Además, aseguran que se trata de una reforma hecha a medida para el procés independentista. Detrás de este escrito hay José María Macías, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, María Ángeles Carmona y Francisco Gerardo Martínez. Los cinco tienen en común haber sido nombrados por el Partido Popular.
La renovación del TC
Los cinco vocales del CGPJ han aprovechado su escrito para cargar contra la renovación del Tribunal Constitucional. Concretamente, señalan que la reforma que hizo el Gobierno el año 2021, que limitaba las facultades del CGPJ a la hora de hacer nombramientos. "Con eso se ha evidenciado una modulación de las competencias del CGPJ a la conveniencia del gobierno. Resulta incomprensible que se considere irrenunciable el nombramiento de los magistrados de un alto tribunal, como el Tribunal Constitucional, y no las de otro alto tribunal, como el Tribunal Supremo", afirman en el texto.
En el documento cuestionan la independencia del poder judicial después de las últimas reformas del Gobierno. Especialmente, señalan las dificultades para renovar muchos órganos más allá del mismo TC, como, por ejemplo, el CGPJ. Estos cinco vocales descargan en el Gobierno la responsabilidad del bloqueo en la renovación del Consejo. Pero no se limitan a su propio caso: "Otro alto tribunal, el Tribunal Militar Central, no cuenta con ningún efectivo". "El debilitamiento de la independencia del poder judicial desde la perspectiva de los estándares europeos de Estado de derecho que deriva de la anterior situación es grave y evidente", concluyen.
Por su parte, Reynders apuntó el pasado octubre en una visita al Estado español cuáles tienen que ser las prioridades en la renovación de órganos, tenía que estar el Consejo General del Poder Judicial y, justo después, hay que cambiar el modelo de elección de sus miembros.