En el último Consejo de Ministros celebrado ayer, el Gobierno aprobó prorrogar el escudo social aprobado por la pandemia hasta el 31 de octubre. Este incluye medidas como la suspensión de los desahucios de familias vulnerables, la moratoria de los alquileres o la garantía de los suministros. Hoy, Violant Cervera, consellera de Drets Socials ha celebrado esta decisión, ya que "nos da un poco de aire" pero la ha definido como un "parche" y no la solución real a estos problemas.

Por eso, ha reclamado propuestas más "concretas" que puedan acabar con "la angustia" de las familias. En este sentido, ha apuntado que el país necesita "medidas estructurales que permitan a la gente no solo tener una vivienda sino también un trabajo digno", mientras ha pedido trabajar para que las tasas de pobreza en Catalunya "desaparezcan". Para conseguirlo, ha pedido al Estado que legisle en este sentido, y que si no lo hace, como mínimo "nos permita legislar al Govern de Catalunya".

La consellera ha requerido al Gobierno que deje de poner trabas y recurrir leyes como la del alquiler.

Invierno difícil

Por todo ello, la consellera Cervera prevé que el próximo invierno será "difícil", ya que todavía se sufrirán muchas consecuencias derivadas de la pandemia. Para mitigarlo, ha anunciado que se trabajará en la creación de vivienda pública. Mientras se construye un parque de viviendas más amplio, hecho que puede comportar años, se incorporarán casas que pertenecen a bancos, pero que ahora mismo se encuentran desocupadas.

Vacunas no obligatorias

Violant Cervera ha respondido también en su entrevista en Catalunya Radio a la situación en las residencias por la covid. Aunque esta quinta ola ha tenido unos efectos mucho más leves que los anteriores, gracias al impacto de la vacunación, han vuelto a aparecer casos y por lo tanto, también restricciones. Según ha apuntado la consellera, en total han tenido que ingresar en las UCI a una sesentena de abuelos y se han registrado 73 muertes por el virus. Con todo, la mayoría de casos han sido leves.

Así y todo, ha asegurado que el Gobierno no se ha planteado obligar a sus trabajadores a vacunarse, como reclaman algunas voces preocupadas por la salud de los abuelos.

Finalmente, con respecto a la importante bajada de la natalidad, que cayó en 5,9 puntos el año pasado y mantiene una tendencia descendente desde 2009, Cervera se ha vuelto a fijar en la necesidad de medidas estructurales que la fomenten, más allá de ayudas concretas. De hecho, se ha mostrado contraria al cheque bebé, que desapareció en el 2011, y ha apostado por políticas que ayuden a los jóvenes a emanciparse antes, hecho que cree que ayudaría a que aumentaran los nacimientos.