En torno a 400 son las carpetas que han sido confiscadas al excomisario José Manuel Villarejo en el marco de Operación Tándem. O lo que es lo mismo, casi 40 terabytes de información sensible de la élite política, económica y jurídica en forma de audios, según ha informado El Diario.es.

Por lo que se ha podido saber hasta ahora, Villarejo guardaba la información en archivos que eran bautizados con seudónimos relacionados con cada persona en cuestión. La mayoría de carpetas que se han investigado hasta ahora corresponden a encargos de clientes que después el excomisario vendía a precios desorbitantes.

Ahora, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, recibió hace dos semanas el encargo del juez de descifrar los códigos que abren estas carpetas que llevan nombres como King, Iron,Land, Pit, Carol, Pintor o Big.

Una de estas carpetas se llamaría AR, las iniciales de la presentadora Ana Rosa Quintana, amiga del policía, pero ajena a la investigación, ya que esta estaría dirigida contra su marido y el hermano de este por haber contratado supuestamente los servicios de Villarejo para cobrar una deuda.

Otra de estos dosieres denominados El Gordo se referiría al también comisario Enrique García Castaño (imputado por organización criminal, revelación de secretos, sobornos y blanqueo), a quién ya habría pedido a través de su defensa en el Consejo de Ministros que permita revelar secretos de Estado de hace 30 años, cosa que demostraría que las conversaciones con Villarejo son resultados de operaciones policiales secretas y no de prácticas delictivas.

Los clientes de Villarejo

Entre los clientes de Villarejo hay todo tipo de personajes de la 'alta sociedad'. Un buen ejemplo sería el bufete de abogados Herrero y Asociado, que contrataron el excomisario para atacar a otro despacho de antiguos socios. La propietaria de La Finca, una urbanización de lujo situada en Pozuelo de Alarcón, también contactó con Villarejo para obtener secretos de familiares con los cuales estaba enemistados en un conflicto relacionado con la herencia.

La actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, aparecería en la carpeta Pit, encargo del empresario Ángel Pérez Maura que habría trata de evitar su extradición en Guatemala después de sobornar al expresidente del país Otto Pérez. Anticorrupción asegura que no ha encontrado ningún indicio que provara que la ministra estaba involucrada en ningún delito.