El Gobierno ha esperado hasta este viernes para pronunciarse oficialmente sobre la ley de referéndum presentada por la Generalitat el martes. "No busca la ruptura con España, sino en Catalunya", ha dicho el portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, con tono elevado tras el Consejo de Ministros. No lo reconocen en público, pero en la Moncloa han estudiado la ley a conciencia: fuentes del ejecutivo lo acusan de ser un "bodrio jurídico" y De Vigo ha aportado muchos detalles en su crítica. Sin embargo, no la pueden recurrir –como era de esperar– porque no está firmada, y no constituye acto jurídico, según las fuentes consultadas.

"No tiene garantías, además de ser ilegal y atentar contra la Constitución. El referéndum no se puede celebrar, porque no tienen urnas, ni censo, ni junta electoral, ni a los funcionarios. Es una ley que no fija ni un cuórum de participación, ni diferencia los votos entre y no, y dice que con un voto de más del ya declararían aquello que ellos denominan la República catalana independiente", ha denunciado el portavoz durante la comparecencia. "La ley sólo ampara los cargos que participen de la consulta", ha insistido después para justificar su crítica que se ha diseñado "para el proyecto de unos pocos", como denuncian fuentes del entorno del presidente. 

Más tarde, De Vigo ha recordado que el Consejo de Garantías tampoco avalaba la Ley de Transitoriedad, aunque sus dictámenes no son vinculantes. "Ni los suyos le dan la razón", ha acusado al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. También ha hurgado en los conflictos de la última semana en el Govern y ha vuelto sobre que la hipótesis que este avanzaba al dictado de la CUP. "Artur Mas dejó de ser presidente porque lo dijo la CUP, Baiget ha dejado de ser conseller de Empresa por la CUP. El día de la presentación de la ley había dos del PDeCAT, dos de ERC y cuatro de la CUP", dijo.

Pero la indignación no se traducirá de momento en acciones. De Vigo ha dicho que la ley no tenía "autoría", "ni padre ni madre", no había pasado por el Parlament, de manera que no se puede llevar al Tribunal Constitucional. "Nos gustaría que se tradujera en hechos. Si no, son anuncios de anuncios", ha añadido. En segundo término, el ministro se ha sacudido la petición del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre que Mariano Rajoy abra la vía del diálogo con Catalunya. "Su diálogo se supedita a un referéndum ilegal", ha remachado. Es decir, que Rajoy seguirá de momento reactivo ante el conflicto catalán.

Si bien, fuentes del Ejecutivo no quieren decir si el gallego se habría cerrado al diálogo con Puigdemont durante el encuentro. Aquello que reiteran es que la posibilidad de aplicación del artículo 155 no se habló en la reunión con Sánchez. De Vigo se ha negado a opinar sobre este punto, y ha expuesto que por ahora las medidas "se seguirían correspondiendo con el diálogo", aunque el expresidente Felipe González aboga porque se haga de forma gradual. Finalmente, en la Moncloa reiteran que con Sánchez están de acuerdo en lo "sustancial" sobre la unidad de España, aunque en privado el secretario general duda de que Rajoy pueda frenar el 1-O.