El sistema energético del Estado español es un oligopolio de cinco grandes empresas que a lo largo de los años han demostrado ser lo bastante poderosas para imponer sus intereses y precios en el mercado. ¿Por qué pasa eso? ¿Pasa lo mismo en el resto de Europa?

En el Estado español las empresas privadas siempre han tenido un rol central forjado desde los inicios de la electrificación. La razón por la cual hoy en día vivimos esta situación es histórica y se remonta a los inicios de la electricidad. En los años veinte, a diferencia de la gran mayoría de países de Europa, que optaron por nacionalizar el sector eléctrico para poder hacer grandes obras públicas y reactivar la economía después del crac del 29, en España y Catalunya la iniciativa fue principalmente privada. La electrificación llegó a nuestra casa principalmente por las necesidades que tenían las nuevas industrias (en nuestro caso, mayoritariamente textiles) y, por lo tanto, la red se construyó desde el sector privado. Con el tiempo, las infraestructuras fueron creciendo sin cambiar de manos.

El intento del franquismo

En los años cuarenta, el régimen franquista creó la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA) y la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER) para intentar controlar el mercado. Y así fue durante unos años, pero a partir de los ochenta y noventa empezaron las privatizaciones y desaparecieron de nuevo estas grandes empresas públicas.

Así pues, las eléctricas privadas tienen un control casi centenario en España y eso ha hecho que tengan un gran poder de influencia y hayan creado un oligopolio, a diferencia de otros países como Francia o Alemania donde se apostó por la nacionalizació. De hecho, las eléctricas españolas han casi escrito ellas mismas las normas del juego y de aquí nace el mercado tan salvaje que hay actualmente.

Ahora, estas empresas tienen bastante poder para jugar con los precios interesadamente, saltarse las normas, decidir sobre la transición energética del país y conseguir que nadie más entre en su territorio. Unos factores y privilegios históricos a los que de momento ningún gobierno ha hecho frente y a los cuales ahora se les suma la subida desorbitada del precio de la energía.

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La situación del mercado eléctrico

Según la normativa europea, el mercado eléctrico tiene que estar dividido en cuatro actividades: la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de la energía. Por lo tanto, la ley marca que tendrían que ser cuatro las empresas que intervinieran para favorecer la pluralidad. La realidad, sin embargo, es que las grandes empresas del sector se han desarrollado verticalmente creando subempresas que dominan todo el proceso.

De hecho, con la subida sin precedentes del precio de la luz, tan sólo en el último año una treintena de pequeñas comercializadoras han tenido que cerrar. Las pequeñas empresas eléctricas independientes compran en el mercado diario la energía para suministrar a los clientes. El problema es que ya hace meses que lo hacen constantemente a un precio mucho más alto de lo que habían prometido a los consumidores y, por lo tanto, no pueden cumplir los contratos y tarifas que habían fijado. En eso se le tiene que sumar que también se ha encarecido el precio de las garantías que estas compañías pagan a las operadoras del mercado y del sistema (el Operador del Mercado Ibérico de Energía y la Red Eléctrica de España), que ha aumentado el número de clientes que no pagan y que estas empresas tienen trabas fiscales, ya que el Gobierno recortó el IVA de la luz al 10%, pero ellos tienen que seguir pagando un 21% a las distribuidoras mientras cobran un 10% a los clientes.

Este cóctel ha provocado que su supervivencia en el mercado haya sido imposible. La crisis mundial de energía, pues, no ha hecho más que fortalecer el oligopolio y ha puesto en evidencia las irregularidades de este mercado en España