El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha sido citado para el 4 de septiembre en Bélgica para declarar como acusado en la demanda civil que ha presentado el Govern en el exilio. La demanda, que se ha anunciado este martes, se basa sobre todo en unas declaraciones que hizo el juez el 23 de febrero en Oviedo, sus primeras palabras sobre el caso 1-O.
Llarena descartaba que los encarcelados fueran presos políticos, palabras que, según los abogados del gobierno en el exilio, están "fuera de su jurisdicción" y son motivo suficiente para iniciar un procedimiento judicial.
"Yo no me referiré a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí que es cierto es que un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico penal, y que a pesar de eso, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos", afirmó.
A continuación, añadía: "No es el caso de lo que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados".