La alerta que se envió a los móviles para avisar a la población de una de las catástrofes naturales más grandes de los últimos años, la DANA, que dejó 229 víctimas mortales el pasado 29 de octubre de 2024, se planeó con dos horas de antelación a su envío final. Así se desprende del vídeo que la jueza de Catarroja que investiga penalmente las responsabilidades del episodio, ha obligado a que la Generalitat valenciana entregara al juzgado después de que la institución lo hubiera ocultado de la instrucción. El gobierno valenciano, liderado por el popular Carlos Mazón, no había informado a la jueza instructora de la existencia de esta grabación de la televisión autonómica À Punt y del departamento de Emergencias de la Generalitat, y que muestra a la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, dando instrucciones sobre el mensaje masivo de alerta. En uno de los fragmentos de la grabación, se puede escuchar al subdirector de Emergències, Jorge Suárez, afirmando: “De acuerdo con lo que decidamos podemos enviar un mensaje a todos los móviles de esta zona”. “Es una de las decisiones que podemos tomar”, agrega el funcionario pasadas las 17:10 horas de aquel fatídico 29 de octubre, algo más de dos horas antes de que el mensaje del sistema ES-Alert llegara finalmente a los teléfonos móviles de los habitantes de la zona afectada.
Los vídeos en manos de la Conselleria d'Emergències que ha reclamado la jueza de la Dana, Nuria Ruiz Tobarra, también muestran imágenes de los momentos en los que Carlos Mazón ya se encontraba en el Centro de Coordinación de Emergencias. En una grabación de las 20:30 horas, con Mazón ya en el Cecopi, se puede oír a Salomé Pradas afirmando que “antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver”, en relación con el segundo mensaje ES-Alert que se envió en algunas comarcas afectadas aquel día. En aquel momento, cuando Mazón llega al Cecopi, Pradas le reconoce que el fenómeno "ha sido una meteorología nunca vista, una explosión". Sobre el primer fragmento, en el que hacia las 18 horas ya se habla del mensaje, los funcionarios discuten la situación por el desbordamiento del río Magro en Requena y Utiel, pero no todavía la situación del barranco del Poio, que en aquellas horas ya se había desbordado en las localidades valencianas de Chiva y Cheste, según afirma la Generalitat. "En ninguna de las imágenes ni de los audios, tanto de À Punt como los recogidos por Emergències, se escucha o se observa que se tratara en ningún momento la situación del barranco del Poyo en la reunión del Cecopi", sino que "toda la atención" giraba en torno a la situación en la Plana d'Utiel y después sobre la presa de Forata.
En los momentos en los cuales se grababan los diferentes videos, la situación hacía tiempo que era crítica en la zona de Requena y de Utiel, donde el río Magro ya hacía horas que se había desbordado. En este sentido, la Generalitat afirma que en los videos grabados a partir de las cinco de la tarde, en los cuales se habla de enviar un mensaje a los móviles de la zona afectada, solo se está hablando de Requena y no de la zona del barranco del Poyo. Pero, en todo caso, ya hacía tiempo que los ríos iban desbordados y que la situación era mala. En el comunicado, la Generalitat admite que "se certifica que el Cecopi trata el envío del mensaje masivo a la población a partir de las 19.00 horas, y siempre referido a Forata. Nunca antes, y nunca para la zona del barranco del Poyo", al mismo tiempo que "se puede comprobar" que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no está en ningún momento presente en la reunión del Cecopi en la cual se decide mandar el primero ES-Alert.
“Indicios abrumadores” de negligencia en la exconsellera Pradas
La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA ha rechazado este viernes el sobreseimiento libre de la investigación a la exconsellera de Interior Salomé Pradas al señalar, entre otros argumentos, que existen "indicios abrumadores de una conducta negligente" por parte de la imputada. En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la jueza señala que la denegación de petición formulada por Pradas la semana pasada "podría basarse en el simple hecho de que no se ha agotado la instrucción", pero considera "aplicable en este caso" el término 'negligencia grave', "atendiendo -señala en su escrito- no solo al grave resultado mortal, sino por la parsimonia en la adopción de las medidas y su carácter erróneo". La instructora detalla a continuación de forma detallada estos indicios y su reflejo en las actuaciones, así como la "posición de garante" que tenía la exconsellera y las "sucesivas omisiones que se produjeron: desde la convocatoria del Cecopi con un evidente retraso" al "insoportable retraso en las alertas a la población, así como la falta de control de los barrancos".