Más de tres años después de los atentados de Barcelona y Cambrils, arranca por fin el juicio en la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares (Madrid). Los tres acusados se enfrentan a una petición de pena de entre 8 y 41 años por su vinculación con la célula terrorista. En los atentados del 17-A murieron 16 personas y 140 más quedaron heridas. Las víctimas, sin embargo, son más bien pesimistas sobre el hecho de que la vista oral sirva para aclarar "toda la verdad" sobre los hechos, empezando por los vínculos del imán de Ripoll con el CNI. "Tenemos que agotar todas las posibilidades", admite el abogado Jaume Alonso Cuevillas, que representa a los padres de Xavi, el niño muerto en la Rambla. Se le nota cierto punto de resignación.
Durante la instrucción ya se ha rehusado investigar las vinculaciones del imán de Ripoll y su relación con el CNI, a pesar de las peticiones reiteradas de los familiares. El principal obstáculo que pone la Audiencia Nacional: que sólo se juzga a los tres colaboradores vivos, ninguno de ellos autor material de los hechos. Por eso se ha rechazado juzgarlos por el delito de asesinato. En el banquillo de los acusados se sentarán los únicos tres terroristas que no fueron abatidos por los Mossos d'Esquadra: Mohamed Houli Chemlal, superviviente de la explosión en el chalet de Alcanar; Driss Oukabir, que alquiló presuntamente la furgoneta utilizada en la Rambla; y Saïd Ben Iazza, quien según las acusaciones supuestamente prestó su documentación y su furgoneta isotérmica para comprar y transportar precursores explosivos.
Algunas fuentes de las defensas admiten que en cierta manera el juicio será una "farsa", porque "sólo nos quieren dejar hablar de Alcanar". La principal discusión hoy, en las cuestiones previas, estará sobre de qué se podrá hablar y de qué no durante el juicio oral, que durará cerca de dos meses. Las acusaciones particulares y populares se mueven entre el escepticismo y el pesimismo.
Es el caso de Jaume Alonso Cuevillas, que teme que no será posible. "Nuestro deber es agotar las posibilidades de tener una justicia reparadora", asegura a pesar de todo. "Las víctimas tienen derecho a la reparación moral, y eso incluye el derecho a saber la verdad", insiste el abogado de la acusación, que señala que en estos momentos hay "demasiados interrogantes".
Cuevillas señala varios de estos interrogantes. En primer lugar, las polémicas relaciones entre el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, que no se han querido aclarar a pesar de algunas evidencias. En segundo lugar, asegura, "no tenemos certeza de la efectiva muerte de Es-Satty", porque las pruebas biológicas de la policía científica de Casablanca "no resisten los estándares". En tercer lugar, también se preguntan por qué el Estado español no reguló la venta de precursores de explosivos a pesar de las directivas europeas al respecto.
"No somos muy optimistas", admite el letrado de las víctimas. No obstante, reitera que "hay que agotar todas las posibilidades" y después poder ir de la mano de las víctimas extranjeras a otras jurisdicciones" de otros países para poder llegar hasta el fondo de la cuestión.
Otras entidades, como la acusación del 11-M, prefieren no entrar en este tipo de detalles. Eso sí, insisten en que los tres acusados "deben responder por los delitos de asesinato". El abogado Antonio García expresa "respeto" por el resto de acusaciones y asegura que el objetivo compartido es una "sentencia justa que repare".
La defensa
Luis Álvarez Collado, abogado de Driss Oukabir, ha sido el único letrado de la defensa que ha hablado. En declaraciones a TV3, ha explicado que ha aconsejado a su cliente que declare y explique "lo poco que sabe" sobre los hechos, en los cuales no participó, según la defensa. "Él ha perdido a un hermano, pero nada acredita que estuviera dentro de la supuesta organización que se está investigando", ha insistido. Ha asegurado que su cliente tiene "unas ganas enormes de poder explicarse".