La consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han constatado en una primera toma de contacto este miércoles en Madrid que comparten una "apuesta firme por la transformación feminista" y se han emplazado a trabajar conjuntamente. "En esta agenda política para garantizar los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y para erradicar la discriminación etno-racial nos encontraremos siempre", ha dicho Verge en rueda de prensa después de la reunión. Montero ha destacado la "sintonía" con la consellera porque "la agenda compartida es muy amplia" y ha afirmado que mantendrán una comunicación institucional "fluida, cómplice y de alianza feminista", con carácter casi cotidiano, también en aquellos aspectos en que tienen divergencias.

En la comparecencia ante los medios de comunicación, Tània Verge ha asegurado que la estructura legal del Estado español en el ámbito de la igualdad "ha ido quedando desactualizada" y "se queda un poco corta con respecto a tratados y convenios internacionales de referencia". La consellera ha trasladado que estas "limitaciones y déficits restringen la capacidad de ejecutar políticas de igualdad propias".

La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat también ha pedido que "se aproveche la innovación normativa" que se hace desde Catalunya y ha trasladado la necesidad de reformular como se hacen las transferencias de recursos hacia las comunidades autónomas. En este sentido, ha dicho que tendrían que tener formado plurianual. Verge también ha planteado las demandas del colectivo trans de Catalunya en el marco de la ley que se está tramitando a nivel estatal.

Otro elemento que ha formulado Tània Verge durante la reunión ha sido la "necesidad de que haya codecisión efectiva" y que las autonomías se impliquen "desde el inicio en el diseño y la planificación de proyectos" para que "atiendan la realidad territorial de cómo se gestionan los servicios".

Tanto la consellera Verge como la ministra Montero han coincidido en criticar que los planes de recuperación europeos priorizan sectores masculinizados y no tienen una dotación suficiente para políticas de igualdad.