Sólo el diálogo político podrá ayudar a encontrar una solución política al conflicto catalán. Así lo asegura el lehendakari Iñigo Urkullu en un artículo publicado este lunes en The Guardian. Pero, ante la actual ausencia de este diálogo, "tiene que haber un llamamiento a la Unión Europea, que tiene que proporcionar los medios", sostiene el presidente vasco. Con un conflicto como este abierto, avisa, el proyecto europeo no será "sostenible".

"La crisis catalana es un asunto legal internacional, cuyo resultado afecta al futuro de Europa", alerta Íñigo Urkullu, que insiste en que "esta situación afecta directamente el futuro del proyecto europeo y la identificación y la convivencia de los ciudadanos dentro de la unión que representa el proyecto". Según él, la crisis política catalana "pone de manifiesto el problema de una integración forzada de un pueblo que históricamente ha expresado deseo por el autogobierno y la asociación voluntaria".

En su nueva intervención en el debate catalán, en el que se ha ofrecido desde el principio como posible mediador, el lehendakari lamenta que el Gobierno español "rechaza encarar políticamente un conflicto que es político por su naturaleza y que busca respuestas que son estrictamente políticas". También rechaza "completamente" las "medidas extremas" del Estado contra la sociedad civil y las instituciones catalanas. "Estas acciones harán que resolver el actual impasse sea incluso más difícil", alerta.

En este contexto, el presidente vasco defiende que hay ejemplos "recientes y próximos" para resolver el conflicto combinando los principios de legalidad y democracia. "La relación entre Quebec y Canadá, y el referéndum escocés, son precedentes para resolver estas disputas de una forma democrática, constructiva y civilizada", defensa.

El lehendakari pone como ejemplo el caso vasco, donde "después de décadas de violencia y terrorismo, estamos promoviendo un modelo de autogobierno que combina la construcción nacional y la construcción social con la participación de todas las tradiciones políticas vascas". Considera que se tendrían que establecer "canales legales para permitir que las comunidades políticas que deseen consultar a sus ciudadanos sobre su futuro puedan hacerlo".