El profesor y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, ha afirmado este lunes que la reforma de la malversación pactada entre ERC y el PSOE puede llegar a considerar como hecho delictivo el referéndum del 1 de octubre del 2017. En declaraciones en ElNacional, Urías ha manifestado que la cuestión principal gira en torno a las "pruebas" que existan sobre el uso de dinero público para una actividad no permitida.

Urías destaca que en la sentencia del Tribunal Supremo la malversación no quedó lo bastante probada, en el sentido que la prueba que consideró "era muy deficiente". Así pues, el letrado ve factible que con la reforma que se ha pactado entre socialistas y republicanos, que un referéndum como el del 1-O sí que "pueda llegar a estar incluido" como delito, si las pruebas que se aportan son más evidentes. "Todo dependería de cómo los jueces valorarán las pruebas", añade.

Otro aspecto que destaca al catedrático es que el 1-O podría entrar como delito con la reforma si sus organizadores lo sacaran adelante "sabiendo" que la actividad no está permitida. En todo caso, para Urías, el debate es complicado y queda supeditado a lo que en un futuro puedan hacer los jueces. "Se tendrá que ver cómo valora el juez el nuevo tipo penal", remarca. En todo caso, para Urías parece que con la reforma sí que podría resultar más difícil llegar a las conclusiones a las cuales llegó el Supremo cuando sentenció contra los líderes independentistas. "Con el nuevo tipo tendría que haber más pruebas", destaca.

ERC llega a un acuerdo con el PSOE aceptando su posición

Este lunes ERC y PSOE han llegado a un acuerdo a la ponencia sobre la reforma del delito de malversación. El encuentro entre los grupos parlamentarios ha acabado en menos de una hora, y Esquerra Republicana ha aceptado la posición del PSOE con respecto a la persecución de supuestos similares al de celebrar un referéndum como el del 1-O: condenar con uno a cuatro años de prisión al funcionario que destine patrimonio público a una finalidad para la cual no estaba previsto. Se trata de una enmienda que también inhabilita al funcionario en una horquilla que va de los dos a los seis años.

El texto fija como requisito para las penas de prisión que con el desvío presupuestario se cause uno "mal o entorpimento grave del servicio público". Los republicanos han manifestado justo después de haber llegado a este acuerdo con el PSOE que desde su punto de vista "este tipo no se corresponde con las conductas como la de la organización del 1 de octubre, y menos todavía con penas de prisión, porque no se produjo ninguno mal ni entorpimento grave del servicio público". Esta, sin embargo, es la interpretación de Esquerra Republicana, que puede diferir de la de los jueces y que en efecto difiere del PSOE, ya que los socialistas han justificado esta enmienda precisamente por este motivo, porque hechos como los del 1-O no queden impunes ante la justicia española. El acuerdo ha suscitado críticas desde Junts como las que ha expresado el presidente en el exilio, Carles Puigdemont.