Acuerdo en la ponencia de este lunes sobre la reforma del delito de malversación. El encuentro entre los grupos parlamentarios ha acabado en menos de una hora, y Esquerra Republicana ha acabado aceptando la posición del PSOE con respecto a la persecución de supuestos similares al de celebrar un referéndum como el del 1-O: condenar con uno a cuatro años de prisión al funcionario que destine patrimonio público a una finalidad por la cual no estaba previsto. Se trata de una enmienda que también inhabilita al funcionario con una horquilla que va de los dos a los seis años.

El texto fija como requisito para las penas de prisión que con el desvío presupuestario se cause un “daño o entorpecimiento grave del servicio público”. Los republicanos han manifestado justo después de haber llegado a este acuerdo con el PSOE que desde su punto de vista "este tipo no se corresponde con las conductas como la de la organización del 1 de octubre, y menos todavía con penas de prisión, porque no se produjo ningún mal ni entorpecimiento grave del servicio público". Esta, sin embargo, es la interpretación de Esquerra Republicana, que puede diferir de la de los jueces y que en efecto difiere del PSOE, ya que los socialistas han justificado esta enmienda precisamente por este motivo, para que hechos como los del 1-O no queden impunes ante la justicia española.

Antes de la ponencia que se ha celebrado este lunes, la apuesta de ERC pasaba por despenalizar completamente el 1-O. Los republicanos presentaron el viernes pasado una enmienda para crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación a fin de que se castigue con menos años de prisión —entre seis meses y tres años de prisión—a aquellas personas que malversan dinero público pero sin ánimo de lucro personal. Es decir, los republicanos querían reintroducir en su Código Penal el concepto de ánimo de lucro personal o de terceros como condición para la malversación más grave, y apostaba por conservar las penas que fijó el PP en 2015: de dos a seis años de prisión.

La apuesta del PSOE: diferenciar tipos de malversación y perseguir el 1-O

Los socialistas, en cambio, apostaban por diferenciar varios tipos de malversación. En primer lugar, consideran que hay que mantener las penas tal como están actualmente cuando hay malversación con apropiación. Es decir, cuando hay lucro para uno mismo o para terceros. El PSOE también quiere distinguir la malversación de uso, que son aquellos casos en los cuales se hace un mal uso de los recursos públicos pero sin voluntad de apropiárselos. La intención es penar estos casos con penas que vayan de los seis meses a los tres años de prisión y de uno a cuatro años de suspensión de trabajo público.

Ahora bien, el PSOE pretendía que se castigue con una horquilla de uno a cuatro años de prisión el desvío irregular de presupuesto dentro de la administración pública, cosa que ha acabado aceptando ERC. Aunque esta enmienda comporta una rebaja de dos años respecto de las penas que hay a estas alturas, hay la intención de poder seguir persiguiendo casos como los del 1-O. Por otra parte, la intención de los socialistas también es perseguir a aquellas personas que hayan incrementado su patrimonio en más de 250.000 euros durante su mandato y no puedan acreditar su origen, cosa que se podría castigar con hasta seis años de prisión.

Unidas Podemos, "sin posición clara"

Ha sido el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien este lunes ha confirmado que su formación marca distancia con el PSOE con respecto a la reforma de la malversación: "No llevará nuestra firma". Ahora bien, Asens no ha acabado de dejar claro cuál es exactamente la posición de Unidas Podemos sobre esta cuestión: "Todavía estamos discutiendo esta cuestión y, por lo tanto, no tenemos una posición clara". Sí que ha afirmado que celebra que tanto las propuestas de ERC como del PSOE "vayan en dirección de desjudicializar" el conflicto político entre Catalunya y España.