El Parlament ha aprobado por unanimidad este miércoles la convalidación del decreto del Govern que desarrolla la Ley ELA y que establece nuevas prestaciones destinadas a personas con dependencia extrema. La norma regula las ayudas económicas para los casos clasificados como grado III+ e incorpora, además de la financiación que prevé la legislación estatal, un complemento extraordinario a cargo de la Generalitat para asegurar que la prestación cubra la totalidad del coste del servicio. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha destacado que este sistema de ayudas supone un punto de inflexión y que representa un “antes y un después”, recordando también que actualmente hay 74 personas con este grado ya reconocido.

El decreto fija que la prestación máxima establecida por la ley estatal es de 9.859 euros mensuales por beneficiario, de los cuales el Estado asume el 50% y el resto corresponde a las comunidades autónomas. En el caso de Catalunya, el Govern añade un complemento adicional que puede llegar hasta 4.929,5 euros mensuales, lo que permite que la ayuda total pueda alcanzar los 14.788,50 euros al mes. Esta cantidad, sin embargo, puede variar según las horas de asistencia domiciliaria o apoyo personal que requiera cada caso dentro del programa individual de atención. El texto también introduce un régimen ampliado de compatibilidad entre prestaciones para las personas con este grado de dependencia extrema.

El pleno rechaza tramitarlo como proyecto de ley

Durante el debate parlamentario, con la presencia de entidades y afectados de ELA en el hemiciclo, la consellera ha defendido que la medida representa un avance relevante en el estado del bienestar en Catalunya y ha insistido en que el sistema actual permite garantizar recursos suficientes para la atención de los pacientes y sus familias. También ha subrayado la importancia del complemento autonómico para evitar que la situación económica sea un impedimento para acceder a las ayudas, así como la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos. El Govern se ha fijado un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes.

Según los datos expuestos por la consellera, unas 120 personas han solicitado el reconocimiento del grado III+, de las cuales 74 ya lo han obtenido y se encuentran pendientes de completar trámites para recibir la prestación. El ejecutivo estima que aproximadamente 200 personas podrían cumplir los requisitos en Catalunya. Para acceder a este grado se requiere un informe médico que acredite al menos dos criterios: necesidad de ventilación superior a 8 horas diarias, aspiraciones de secreciones cada día o inmovilidad del tren superior. El presupuesto previsto pel Govern para 2026 para estas prestaciones y el despliegue de la Ley ELA se estima en 20 millones de euros.

En el turno de posicionamientos, varios grupos han coincidido en señalar que las ayudas llegan con retraso. Desde Junts, Jordi Fàbrega ha criticado que el decreto presenta carencias y ha defendido que debería haberse tramitado como proyecto de ley para introducir mejoras, a pesar de reconocer un cierto avance. Por parte de ERC, Juli Fernàndez ha considerado que el instrumento es correcto pero mejorable y ha alertado de dificultades en el acceso a los informes y de un cierto desconocimiento en el ámbito social y sanitario. El representante de Vox, Javier Ramírez, ha acusado el Govern de mantener un discurso excesivamente triunfalista y ha calificado la medida de insuficiente y tardía.

Los Comuns, a través de Núria Lozano, han valorado positivamente la iniciativa como un “paso de gigante”, pero han remarcado que sin recursos suficientes los derechos no son efectivos. La CUP también ha calificado el decreto de útil, pero insuficiente, y ha advertido que pone de manifiesto un problema estructural de financiación de los derechos sociales. Finalmente, desde Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana ha considerado positivamente la aprobación y ha defendido que cualquier mejora en la cobertura es necesaria.